Seremi del Trabajo recibió antecedentes sobre discriminación laboral

Documentos legales que acreditan discriminación laboral por parte de la Municipalidad de Talca, recibió el seremi del Trabajo y Previsión Social, Marcelo Conde, durante una reunión con ex funcionarios de la Dirección de Salud del municipio.

“Vamos a analizar los antecedentes y a los entes que sea factible, solicitaremos información (…). Es interés de esta secretaría que estos despidos no vuelvan a ocurrir, que la gente no sea perseguida por su condición sexual”, sostuvo el seremi.

A la reunión asistieron el ex director comunal de Salud, Hernando Durán, y el asistente social César Cepeda. Durán fue apartado del cargo en enero pasado, luego que la municipalidad anulara el concurso público que ganó. Cepeda perdió su empleo en junio del 2015, junto a otros dos funcionarios homosexuales.

“Yo no vengo a buscar trabajo, sino justicia. Agradecemos el gesto del seremi de recibirnos y apoyarnos. Quienes vean vulnerados sus Derechos Fundamentales, deben buscar apoyo”, indicó Durán.

Además de una denuncia por transgresión a la llamada “Ley Zamudio”, Durán solicitó una investigación a la Contraloría y presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Talca.

”Yo voy a volver a ser director comunal, lugar del que no debí salir. Si tenía que salir, se debió realizar un sumario administrativo, que no se hizo porque no había razón para que yo fuera desvinculado”, precisó Durán.

El abogado Fernando Aqueveque, quien acompañó a los denunciantes durante el encuentro con la autoridad, dijo que la municipalidad habría cometido una nueva discriminación, al apartar de sus funciones a una profesional de salud extranjera. “No quiero entregar mayores detalles al respecto, pero estamos estudiando nuevas acciones legales”, señaló.

El pasado 24 de diciembre, el Juzgado de Letras del Trabajo condenó al municipio a pagar $27.945.588 por discriminación sexual. La sentencia judicial obligó además al alcalde Juan Castro y otros directivos municipales a capacitarse en Derechos Fundamentales, con un curso de al menos 12 horas pedagógicas.

“Es preocupante saber que existe un posible nuevo caso (…) Hace pensar que la municipalidad sigue un principio de actuar vía discriminación y no vía inclusión”, manifestó el secretario regional ministerial.

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