Poco de “ad portas” y mucho de plazo mayor tiene la Reforma Procesal Civil en Chile, cuyos avances y temas afines abordaron ministros, jueces, abogados, profesores universitarios y estudiantes de Derecho, en un seminario que se realizó en la Corte de Apelaciones, organizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca y la Asociación de Magistrados del Maule.
Los asistentes debatieron en torno a las ponencias presentadas por especialistas chilenos y extranjeros, entre quienes estuvo el presidente del Instituto Panamericano de Derecho Procesal (IPDP), el juez argentino Alfredo Alvarado, en cuya opinión una reforma debe empezar por los tribunales, con modificaciones orgánicas para evitar que el sistema se entrabe.
“La gente siempre va a acudir a la justicia, y acude cada día más por cosas que por las que antes no iba a la justicia. Y ésta no da abasto para atender la demanda, pero ese es un problema de cantidad de jueces. En Alemania hay un juez por cada cinco mil 300 personas. Saquen la cuenta, en Talca cuántos habitantes y cuántos jueces tienen y van a ver que no es esa la relación”, expresó.
MAYOR DEMANDA
En ese sentido, comentó que es esperable que cuando el nuevo enjuiciamiento civil entre en vigencia en Chile, también se produzca una demanda mayor. Sin embargo, aseveró que a la reforma le falta mucho para estar ad portas, como lo indica el nombre del seminario “Reforma procesal civil, cambio ad portas”. A Alfredo Alvarado le pareció bien que Chile se actualice en esta materia, pero advirtió que le preocupa que llegue a tener sistemas de enjuiciamiento antagónicos, por un lado el de materias penales y, por el otro, el procesamiento civil. El primero “se dice que es acusatorio en un país que tiene el sistema procesal civil más inquisitivo de América Latina, lo que es ilógico. Son sistemas filosófica, política, ideológica y moralmente antagónicos. Entonces no es posible que un juez civil haga una cosa y otra distinta cuando es juez penal”, argumentó.
A su juicio, el proyecto de reforma procesal civil no responde a este requerimiento y, por lo mismo, su opinión es que debe volver a concebirse.
Por su parte, el jurista chileno Cristián Maturana, director Departamento Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y colaborador en el proyecto de reforma del Código Procesal Civil, subrayó que esta no es una tarea de un gobierno en particular, sino de un país. “La nueva reforma está en camino, es incipiente, se ha trabajado por muchos años y queda mucho camino que recorrer”, enfatizó, junto con precisar que la iniciativa partió en 2004, para dar respuesta a una necesidad imperiosa. “Creemos que la reforma es absolutamente necesaria porque la realidad actual es completamente diferente y se requiere de procedimientos adecuados para resolver los conflictos”.
“Un nuevo código procesal civil no implica sólo una reforma, requiere de un cambio mayor, de una capacitación e implementación de tecnología en los tribunales”, agregó. Su puesta en marcha podría ocurrir en varios años más, según indicó, y por ahora lamentó que no haya “un contexto o un compromiso de país como ocurrió con la reforma procesal penal”.