Entre 1998 y 2004 hubo diez personas que acudieron hasta el Registro Civil con los antecedentes necesarios para pedir que su sexo registral y su nombre fueran cambiados. Una decena de casos en siete años. En el mismo plazo, entre 2013 y lo que va de 2019, los cambios efectuados por el organismo ya suman 535.

Son los datos que maneja el ente estatal, y que muestran una tendencia: desde que ingresó al Congreso el proyecto de ley para reconocer la identidad de género, el 7 de mayo de 2013, el número de casos comenzó a aumentar gradualmente.

«Muy de a poco, pero exponencialmente, fueron aumentando los cambios de nombre y sexo registral, sobre todo porque hubo por parte de las clínicas jurídicas mayor recepción de casos en Santiago y regiones», explica a Emol la asesora legislativa y activista trans, Constanza Valdés.

«Las personas trans vieron que había cierto cambio jurisprudencial en torno a ya no exigir necesariamente que la persona se hubiera operado o iniciado un tratamiento hormonal», relata.

«En 2018, la Corte Suprema vio dos casos y en ambos sentenció lo mismo: que lo único que bastaba era la identidad de género autopercibida de la persona». Coincidió, también, con una discusión abierta sobre el tema en el espacio público. «Todo este panorama fue cambiando», explica.

«A partir de 2017 comenzaron a aparecer muchos reportajes de personas trans, hubo mayor visibilización, salió Una Mujer Fantástica y se habló mucho más del tema», dice. Habla, en el fondo, de un «cambio de mentalidad» que se refleja en las cifras. Mientras en 2010 se registraron siete cambios de sexo, en 2013 —cuando comenzó la discusión legislativa— el número aumentó a 23.

En 2014, 2015 y 2016 se dieron cerca de 50 casos y en 2017 llegaron a 89. El récord, hasta ahora, se dio en 2018 con 193 cambios. Con ella coincide la ex senadora, Lily Pérez, que fue parte del grupo de parlamentarios que presentó la ley de identidad de género en el Congreso. «Por supuesto que las cifras aumentan a partir de la discusión del proyecto, que ya está publicado y oficializado», dice a Emol.

A su juicio, también incide en el aumento el hecho de que antiguamente «para hacer un cambio registral, tenía que haber cambio de sexo quirúrgico obligatorio». «Las cifras están avaladas por los resultados: efectivamente las personas trans necesitaban tener una salida legal y jurídica para hacer un cambio social y registral de su nombre sin la obligación de una intervención quirúrgica», dice.

 

Estadísticas básicas

Los datos que entregó el Registro Civil fueron solicitados personalmente por Valdés, a través de Transparencia. La respuesta la sorprendió no solamente por el aumento que revelaron las cifras, sino porque el documento dice: «El Servicio no lleva estadísticas generales ni específicas sobre los cambios de nombre y sexo de las personas que presentan trastornos de identidad de género».

«En la ley, uno de los principios que más nos costó incorporar, pero que lo logramos, fue el de la no patologización. Esto significa que no pueden hablar de que las personas trans son enfermas», explica la activista. El uso de ese vocabulario le preocupa porque una vez que entre en vigencia la ley, cuando Contraloría tome razón de los reglamentos, será el Registro Civil el encargado de implementarla.

Por eso pidió también el número de capacitaciones que se hayan realizado con respecto al tópico y recibió un dato que no especifica la realidad por regiones: 519 funcionarios capacitados. «¿Cuántas oficinas tenemos en Chile?», se pregunta Valdés, y advierte que la mentalidad en las zonas más extremas ha demostrado ser más conservadora.

A priori, el número le parece insuficiente. Los datos entregados por el Registro Civil corresponden a los que guarda el Departamento de Informática y no especifican el motivo por el cual se pidió el cambio, debido a que «no existe obligación legal para efectos de recabar datos estadísticos de la información que se indica».

De las cifras, por ahora, solamente se pueden hacer conjeturas. Por ejemplo, que los casos registrados a comienzos de los ’90 se pueden relacionar más con rectificaciones erróneas: por ejemplo, una persona nombrada como Ariel a quien al momento de la inscripción le asignaron el sexo masculino, cuando quien había nacido era una mujer.

«Se tiene constancia de que desde el año 2007 en adelante se empezaron a presentar más casos asociados a la identidad de género y en 2010 la clínica jurídica de la U. de Chile, que fue una de las primeras, empezó a tomar casos. Ahí se empezó a trabajar visiblemente más en eso», comenta la activista.

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