Regantes del Maule y del Bío Bío preparan debate sobre polémica reforma al Código de Aguas

Se espera la asistencia de todos los senadores de ambas regiones, quienes han sido invitados a participar puesto que es la Cámara Alta quien tomará la decisión final de este proyecto.

Con el objetivo de generar un debate más público y transversal, que considere la opinión de los regantes, diversas organizaciones de usuarios de agua de las regiones del Maule y del Bío Bío han organizado un debate sobre la polémica reforma al Código de Aguas que se discute en el Senado, que se efectuará el viernes 10 de marzo, a las 19:00 horas, en el Teatro Municipal de Linares.

La tramitación de esta reforma ha sido ampliamente cuestionada por agricultores a lo largo del país, quienes han denunciado que ha sido llevada adelante sin escuchar sus opiniones e inspirada más bien por razones ideológicas que técnicas. Inclusive, han advertido que en ella se está planteando una expropiación encubierta que afectará de manera extremadamente grave la inversión en este sector económico.

Es por ello que las Juntas de Vigilancia del Río Teno, del Río Lontué, del Río Maule, del Río Longaví, del Río Ancoa y del Río Ñuble, más la Asociación de Canalistas del Embalse Digua, han decidido realizar esta instancia de diálogo que permita, por una parte, que los regantes tengan acceso de primera fuente a información del estado actual de la tramitación de este cuerpo normativo y, por otra, para que sean escuchados por quienes están llevando a cabo esta discusión en la cámara alta del Congreso.

“Los agricultores nos sentimos fuertemente perjudicados –advirtió el presidente de la Junta de Vigilancia del Río Maule, Carlos Diez– ya que, por ejemplo, dentro de los cambios propuestos está la temporalidad de los derechos de agua; ya no serán permanentes y podrán ser caducados en forma arbitraria. Con esto perdemos valor frente a los bancos y se perjudica gravemente el crecimiento de la agricultura en el país”.

Aún más, el secretario Ejecutivo del Directorio de la Junta de Vigilancia del Río Lontué, Diego Castro, agregó que un tema no menor es el cambio que se propone hacer de la palabra dueño, que se elimina de todo el cuerpo normativo, por la de titular. “Quienes defienden esta reforma explican que es sólo una modificación semántica, pero eso no es así. Es un cambio que afecta al derecho de propiedad, porque los regantes dejarían de ser dueños y pasarían a ser simples tenedores o poseedores. Peor aún, y en algo que muestra la inconsistencia de esta reforma, en ninguna parte se señala que, de aprobarse, debe informarse a todos los conservadores del país para que hagan los respectivos cambios en sus registros”.

Todo ello, según complementó la presidenta de la Junta de Vigilancia del Río Ñuble, Margarita Letelier, afectará transversalmente a regantes grandes, medianos y pequeños, y tendrá diversos efectos negativos como, por ejemplo, el aumento de cesantía. “Los regantes ya no podremos ofrecer nuestros derechos de agua como garantía para acceder a préstamos bancarios y así poder llevar adelante nuestras cosechas e inversiones para crecer”, destacó.

“Estos cambios a la ley –agregó su par de la Junta de Vigilancia del Río Longaví, Max Correa– no resuelven el problema de fondo, no dan solución al problema que se origina al verter el 84% agua dulce en el mar si ser utilizada por falta de embalses. Se pretende redistribuir los derechos de aprovechamiento de aguas, limitar su uso en cantidad y en tiempo, pero no se agrega ni una gota más del recurso. Se necesita una buena política al respecto que permita resolver gran parte de la escasez hídrica que nos afecta, pero para esto se necesita un diálogo abierto y transversal donde los regantes tengamos participación”.

Carlos Diez concluyó invitando, para que participen en esta actividad, a todos los gremios que se ven perjudicados por este proyecto que, según destacó, afectará a diversos sectores económicos. “No nos oponemos a sentarnos a conversar sobre cómo puede mejorarse el Código de Aguas, pero lo que se discute en el Senado es una pésima reforma y es tarea, de todos quienes nos sentimos afectados, detenerla antes de que sea demasiado tarde y genere un grave daño a la agricultura y a millones de chilenos.”

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