Como una transformación parcial, que no modifica el fondo del cuestionado sistema bajo el cual operan las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), calificó la investigadora del Centro de Estudios de Derecho del Trabajo y Seguridad Social (Centrass) de la Universidad de Talca, María Soledad Jofré, los contenidos de la reforma al modelo anunciado por el gobierno de Sebastian Piñera.

“No se trata de un reforma profunda al sistema de pensiones, ya que su base sigue siendo la capitalización individual y la administración por las AFP, que son los aspectos más criticados. Las modificaciones anunciadas mejoran ciertos aspectos, aunque en general no necesariamente tendrían un impacto inmediato en los montos de las pensiones”, planteó la académica, quien además dirige la Escuela de Derecho del Campus Santiago de la mencionada Casa de Estudios.

Más aún, la docente advirtió que el sistema sigue careciendo del elemento de la solidaridad, entendido éste como que todos los cotizantes contribuyan a un fondo común, “aunque lo señalado por el presidente es que esto se alcanzaría a través del aporte fiscal, que en definitiva es financiado a través de los impuestos de los contribuyentes”.

APORTE

Pese a este diagnóstico, hubo algunos aspectos del nuevo sistema que fueron rescatados por la profesional.

“El aumento de la cotización con cargo al empleador del 4% me parece que es una de las ideas más importantes, ya que no sólo aumenta el porcentaje de la cotización lo que se va a traducir en aumento directo de los montos de ahorro, sino que le entrega la obligación a los empleadores de manera que compartan la carga del financiamiento de las pensiones”, afirmó.

No obstante, también reconoció que por el origen de los recursos “sin duda este será el aspecto sobre el que más costará llegar a acuerdo, y dentro de la propuesta ya se anuncia que su entrada en vigencia sería progresiva, a 8 años”.

De igual modo, valoró el fortalecimiento del pilar solidario creado en el marco de la reforma previsional del 2008, y que establece pensiones solidarias y aportes solidarios para quienes, además de cumplir otros requisitos, no puedan autofinanciar una pensión mínima. “La propuesta del gobierno es aumentar los montos a través de un aporte adicional, el que serían diferenciado por tramos de edad”, acotó.

Por otra parte, María Soledad Jofré llamó la atención respecto de los incentivos o aportes especiales para quienes posterguen la edad de jubilación, situación que en algunos casos podría implicar algún grado de precarización laboral.

“Es bueno y malo, ya que por una parte se premia o incentiva al trabajador a mantenerse laboralmente activo, con todos los beneficios adicionales que le genera el seguir contribuyendo con su trabajo. Pero por otra parte, hay que tener cuidado respecto del mercado laboral disponible para los trabajadores mayores, ya que es un hecho que un gran porcentaje de personas debe seguir trabajando después de la edad de jubilación como una necesidad, y no siempre encuentran la mejores condiciones de trabajo. Me parece que esta medida debería ir acompañada de otras que garanticen o al menos supervisen las condiciones laborales de los mayores”, aseveró.

En tanto, respecto de la posibilidad de que otras instituciones administren el 4% adicional, la investigadora de la UTALCA señaló que “no es algo tan novedoso ya que por ejemplo los  ahorros previsionales voluntarios también pueden ser administrados por instituciones diferentes a la AFP, aunque de acuerdo a lo señalado, éstas deberán tener como objeto único la administración de esas cotizaciones”.

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