De acuerdo con la Ley de Educación Superior, promulgada en mayo de 2018, las universidades que accedan al financiamiento institucional para la gratuidad se regirán por los valores regulados de aranceles, derechos básicos de matrícula y cobros por concepto de titulación o graduación. Es decir, podrán cobrar a los estudiantes sólo los montos que establezca el Estado.

Esos indicadores, que comienzan a regir en 2022, serán establecidos cada cinco años mediante resoluciones del Ministerio de Educación, visadas por el titular de la cartera de Hacienda, de acuerdo con los cálculos realizados por una Comisión de Expertos definida en dicho cuerpo legal.

Si bien esta regulación era necesaria para resguardar los recursos públicos que se entregan a las instituciones que son parte del beneficio de la gratuidad, y en ese contexto resulta una medida pertinente, la forma en que se han calculado los aranceles generarán una merma en las instituciones de educación adscritas a esta política pública.

El rector de la Universidad de Talca, Álvaro Rojas, advirtió que en el caso de dicha casa de estudios se ha calculado que en 2022 la institución dejará de recibir $ 502 millones, cuando empiece a operar este mecanismo para un primer grupo de carreras: Derecho, todas las Pedagogías y Técnico en Turismo Enológico.

Durante la tramitación en el Congreso de dicha ley, rectores de distintas universidades hicieron ver al Ejecutivo que el cálculo de los cobros regulados generaría brechas millonarias para las casas de estudios, lo que está quedando en evidencia con las actuales proyecciones a un año de que comiencen a regir los nuevos valores.

“Estos aranceles no promueven una educación de buena calidad, sino que un modelo de gestión que tiene una lógica privada y desconoce el rol de las universidades en regiones, que tienen otras estructuras de costos”, afirmó Rojas.

El rector explicó en el caso de las instituciones que tienen una acreditación avanzada, 6 o 7 años, un alto porcentaje de académicos con doctorado y modelos educativos innovadores, reciben un bono de poco más del 10% del arancel calculado, lo que es insuficiente

Brechas

Actualmente, ya existen diferencias con los montos que establece el Mineduc, a través de los aranceles de referencia que se definen para el financiamiento de las ayudas estatales como becas, créditos y gratuidad, lo que tiene como consecuencia que no todos los montos reales logran ser cubiertos generando brechas.

La autoridad universitaria expuso que “la institución no logra cubrir los gastos con los recursos que establece el ministerio para el cobro de aranceles. Esto se debe, por ejemplo, a que la inversión que se realiza para otorgar una educación de calidad, en una región como la nuestra, es altísima. También hay que considerar la calidad del cuerpo docente, compuesto en un alto porcentaje por doctores y magíster”.

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