A las 9:00 horas de este viernes se llevó a cabo la audiencia de formalización de Luciano Arraigada, sacerdote a quien se le imputa el delito de abuso sexual impropio. Este es el primer caso que se ejecuta en la región a nivel judicial, la víctima sería un jovencito que se encuentra bajo medidas de protección y reparación.

El fiscal Gonzalo Pino presentó todos los antecedentes ante el magistrado Víctor Rojas, solicitando la prisión preventiva para el sacerdote quien presuntamente habría abusado del joven en reiteradas ocasiones, cuando iba de visita a la vivienda de sus padres.

Los hechos habrían ocurrido entre 2014 y 2015, cuando el menor tendría 14 años. Arraigada era sacerdote en las parroquias de Maule, Colín y Duao, pero además ejercía como encargado de la Diócesis de Talca. No fue sino hasta 2018, cuando un tercero al núcleo familiar formuló la denuncia del abuso y el   administrador apostólico de Talca, obispo Galo Fernández, instruyó una investigación que fue declarada verosímil y está a la espera de que se determine el procedimiento administrativo canónico en el Vaticano.

La iglesia dio parte a la justicia quien también inició la investigación. Tras un año de recabar antecedentes fueron presentados para la formalización del sacerdote Arraigada, para quien el juez rechazó la medida privativa de libertad y le dictaminó arraigo nacional y prohibición de acercamiento a la víctima.

Al respecto, el fiscal Gonzalo Pino, dijo estar insatisfecho por las medidas y no descartó presentar un recurso para apelar al dictamen, pues considera que el sacerdote abusó de la confianza depositada por parte de la familia del menor para cometer el delito en reiteradas oportunidades.

Por su parte, Joaquín García, jefe de la Defensoría Penal Pública de Talca, como abogado defensor, dijo estar conforme con las medidas dictadas por el tribunal, pues considera que los supuestos presentados no están claros.

A través de un comunicado de prensa, la Diócesis de Talca informó que las medidas cautelares adoptadas en el proceso canónico, a las que está sujeto el Pbro. Luciano Arriagada y que restringen el ejercicio público de su ministerio continúan vigentes.

«Como todo ciudadano, los presbíteros están supeditados a las leyes chilenas. Confiamos en los tribunales de nuestro país, esperando que se esclarezcan los hechos denunciados. El Obispado de Talca, reitera su compromiso con la verdad y la justicia, con la esperanza de que estos procesos ayuden a mitigar el dolor de las víctimas y de toda la comunidad eclesial», reza el comunicado.

 

 

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