La Sala de la Cámara de Diputados aprobó un Proyecto de Acuerdo en donde se solicita al Presidente de la República, el envío al Congreso Nacional de un proyecto de ley que establezca que el bono otorgado por la Ley 20.305 sea entregado a todos funcionarios del sector público que jubilaron por invalidez.
El diputado de Renovación Nacional por Talca y autor de la iniciativa, Germán Verdugo Soto, explicó que el bono, que es de naturaleza laboral y de por vida para los funcionarios públicos, asciende a $50.000 mensuales y puede ser percibido sólo por quienes jubilaron con posterioridad la vigencia de la norma, es decir, diciembre de 2008.
El parlamentario oficialista precisó que el conflicto se originó por que la Contraloría General de la República emitió, en noviembre de 2009, el dictamen N° 64.151, en el cual señaló de manera categórica “que el personal que cesó en sus servicios con anterioridad a la vigencia de la ley N° 20.305, por acogerse a pensión de invalidez, no tiene derecho al beneficio que ella contempla”.
Lo grave, desde la perspectiva económico-social, señaló el diputado Verdugo, “es que a pesar de haber aprobado todos los requisitos establecidos en la ley, y estando ad-portas para resolución de pago en la Tesorería General de la República, un dictamen de la Contraloría -que se basaría en un “vacío legal” que presenta el artículo 5° transitorio de la misma ley-, dejó fuera del beneficio a muchos funcionarios de diversos Servicios Públicos que se jubilaron por invalidez entre los años 2003 y 2009”.
“Todo lo anterior nos ha llevado a solicitar al Presidente Sebastián Piñera que, en uso de sus facultades constitucionales privativas, envíe a trámite legislativo un proyecto de ley que complemente el artículo 5° transitorio de la ley N° 20.305, a fin de establecer con claridad que “los trabajadores del sector público que cesaron en funciones por invalidez con anterioridad a la vigencia de la ley, tendrán derecho a percibir el bono de naturaleza laboral establecido en la citada norma”, explicó el diputado Verdugo.
La solicitud parlamentaria fue aprobada la unanimidad de los diputados presentes en la Sala al momento de su votación, y quedó en condiciones de ser remitida por oficio al Jefe de Estado quien será, finalmente, el que tome la decisión de enviar o no el proyecto de ley.