Luego de de nueve meses de intensa investigación la fiscalía de Talca logró la primera sentencia en Chile por el delito de cohecho relacionado con la ley de responsabilidad de persona jurídica promulgada en nuestro país a fines del año 2009.
Lo anterior está directamente relacionado con la falsificación de sentencias que los hermanos José y Miguel Iracheta Cartes, dueños de las empresas Salmones Colbún Limitada y Sociedad Agrícola Mecanizada Limitada, gestionaron por medio de terceros para inscribir derechos de agua a favor de sus empresas y de esta manera poder vender un terreno agrícola en la precordillera llamado Fundo el Guanaco, a inversionistas extranjeros en un precio de 10 millones de dólares para la construcción de centrales hidroeléctricas de paso. Venta que nunca se logró debido a la investigación penal en su contra.
De esta forma el Tribunal en juicio abreviado sentenció a las empresas por medio de sus representantes legales los hermanos Iracheta Cartes al pago de 500 Unidades Tributarias Mensuales cada una, la pérdida de beneficios fiscales por el plazo de tres años, la cancelación de las inscripciones de derecho de aguas y la publicación en el diario el Mercurio de un extracto de la sentencia en su contra.
Además de lo anterior y esta vez por la responsabilidad que les cabe por persona natural en los delitos de falsificación, cohecho, uso malicioso de instrumento público y usurpación de agua, se les condenó a José y Miguel Iracheta Cartes a la pena de 5 años de prisión, el pago de 20 UTM más tres millones de peso.
Por su parte Pablo Iracheta Parot hijo de José Iracheta, que ejercía como Gerente General de las empresas, fue condenado por los delitos falsificación, uso malicioso de instrumento público, cohecho, usurpación de aguas y obstrucción de la investigación a una sentencia de 5 años de prisión, el pago de 20 UTM, más tres millones de pesos.
Rodolfo Sarria que ejercía como actuario del segundo Juzgado de Letras donde se elaboraron las sentencias falsas, fue condenado por falsificación de instrumento público y cohecho a la pena de 5 años de prisión y el pago de una multa de tres millones de pesos.
En tanto, el estudiante de derecho Jaime Rojas San Martín que hacía de vínculo entre las empresas y el actuario, fue condenado por su responsabilidad como autor de los delitos de falsificación de instrumento público, cohecho y hurto de expedientes.
“Esto representa un hito relevante para la fiscalía ya que se logra la primera condena en Chile para una empresa. Luego de una larga investigación de alta complejidad en que participó la Policía de Investigaciones y otros servicios, se logró establecer justamente el delito de cohecho cometido por empresarios a favor de un empleado público y esta actuación genera la responsabilidad penal de las empresa y esto va en concordancia con los lineamiento de la fiscalía nacional donde no sólo estamos dedicados como fiscalía a perseguir los delitos de hurto o robo, sino que también aquellos denominados de cuello blanco”, afirmó el fiscal Patricio Caroca quien junto al Fiscal Francisco Ávila y la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional estuvieron encabezando esta investigación.
El Magistrado Humberto Paiva luego de dar a conocer las sentencias de cada uno de los imputados y por cumplir los requisitos que exige la ley, dispuso que se les concede a todos el beneficio de libertad vigilada por parte de Gendarmería de Chile durante todo el periodo de la condena.
Se dispuso además el comiso de toda la documentación especialmente de las sentencias falsas para su destrucción y la cancelación de cada uno de los registros de agua que fueron inscritos con dichos documentos y que iban en desmedro de cientos de agricultores del Río Claro en la Región del Maule, cuya Junta de Vigilancia al igual que el Consejo de Defensa del Estado, fueron querellantes en esta causa.