En el marco de la investigación por el mal uso de asignaciones parlamentarias, la PDI detectó que 35 parlamentarios pagaron informes con «contenido coincidente» entre 2011 y 2016.

Según publicó La Tercera, en un documento elaborado por detectives de la Brigada de Delitos Funcionarios (Bridef) de la PDI se precisa que se trató de «documentos con un mismo título, cuyo contenido es coincidente y que fueron elaborados por el mismo proveedor, pero destinado a diferentes requirientes».

Entre los centros involucrados en la investigación se encuentran la Fundación Jaime Guzmán, el Instituto Igualdad, el Instituto Libertad, el Instituto de Capacitación y Formación para el Desarrollo Social (Icades), el Instituto Libertad, la Corporación de Estudios para Latinoamérica (Cieplan) y el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschultz (Ical).

En algunos de estos casos, hasta 18 legisladores pagaron por el mismo informe, mientras que en otra oportunidad el mismo parlamentario pagó varias veces por el mismo texto, como el caso del «informe denominado ‘Los desafíos del sistema nacional de capacitación y empleo’, fue justificado como asesoría al requiriente Arturo Squella Ovalle en diferentes periodos de tiempo», consigna Cooperativa.

Detalle de parlamentarios

De acuerdo al oficio de la PDI, 35 parlamentarios pidieron en 111 oportunidades un total de 38 informes distintos con «contenido coincidente».

En el caso de la Fundación Jaime Guzmán, quienes más solicitaron estos documentos fueron Arturo Squella, Romilio Gutiérrez y María José Hoffmann, todos militantes de la UDI.

En el Instituto Igualdad, ligado al PS, los parlamentarios que realizaron más requerimientos son Leonardo Soto, Luis Lemus, Luis Rocafull y Daniel Melo.

En Renovación Nacional, a través del Instituto Libertad, los legisladores que más pidieron son Manuel José Ossandón, el actual ministro de Minería, Baldo Prokuricay el ex senador Carlos Larraín.

A Cieplan, relacionado con la DC, se pidieron seis asesorías con información similar, la que fue requerida por el ex ministro Jorge Burgos y el diputado Matías Walker.

 

Descargos de centros de estudios

El director ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán, Jorge Jaraquemada, declaró ante la Fiscalía que uno de sus roles era «asistir y apoyar» a los parlamentarios entregando «resúmenes a la Sala, reportes a la bancada e informes técnicos de políticas públicas».

Además, explicó que los parlamentarios pedían «nuestro trabajo normalmente de manera verbal, no obstante, por requerimiento del Congreso, esta solicitud debe formalizarse por escrito».

Desde el Instituto Igualdad, su ex director ejecutivo, Hugo Espinoza, planteó que «los productos obtenidos por las asesorías se reflejaban en documentos, preparación o participación en informes, minutas, correos electrónicos, trabajo en todo tipo de soportes u otro semejante».

Luis César Espíndola, representante legal de ICAL, explicó que los contratos con la Cámara se desarrollaban de forma mensual o semestral y que tras una solicitud de asesoría «se comenzaban las asesorías y la entrega de los respectivos informes. Los cheques por los pagos eran retirados por un funcionario del Instituto en la sede de la Cámara de Diputados en Santiago».

Aldo Casinelli, director ejecutivo de Instituto Libertad, precisó que «no necesariamente un pago significaba un informe, puesto que me da la impresión de que, a corporación agrupa pagos por contrato, es decir, si los informes se evacuan en el mismo mes se consolida en un sólo pago».

En el Instituto Icades, el presidente del directorio, Ricardo Isla, dijo que «se confeccionaban informes diferentes para cada uno de los parlamentarios, ya que sus intereses eran diferentes, dejando de manifiesto que nunca se cobró dos veces por el mismo informe».

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