Desde hace tres meses el hijo de Anita Santelices estudia desde casa tras la suspensión nacional de las actividades académicas como estrategia para disminuir la propagación de la pandemia de COVID-19 en Chile. Pero que su hijo cumpla con sus actividades escolares de cuarto básico se convirtió en un dolor de cabeza y un duro golpe al bolsillo para esta jefa de hogar.

A pesar de que vive en la Población Nacional, muy cerca de un punto gratuito de wifi de la Municipalidad de Talca, debe gastar hasta 25.000 pesos mensuales en recargas de megas para su celular, para que su hijo pueda cumplir con sus responsabilidades escolares, debido a que el sistema del wifi de la comuna no funciona desde hace más de año y medio impidiendo la conexión a internet gratuita de la comunidad.

La jefa de hogar calificó la situación como una “burla para la comunidad” tomando en consideración que en los tiempos actuales el wifi se ha transformado en un servicio de primera necesidad en los hogares para estudiantes y personas que ejercen el teletrabajo. “La última vez que logré conectarme a ese punto de wifi gratuito fue en diciembre de 2018, te redireccionaban a la página web de la municipalidad para solicitar el permiso de acceso y te daba media hora para navegar, sin embargo el sistema era deficiente porque las páginas tardaban mucho en cargar”, detalló.

 

UN PROYECTO INCONCLUSO

El sistema de wifi gratuito al que se refiere doña Anita, forma parte del proyecto promesa

“Smart City” comprometido en 2016 por la Municipalidad de Talca, que para entonces tenía como alcalde al ahora senador Juan Castro Prieto y que proponía hacer de Talca una de las ciudades pioneras en Latinoamérica con sistemas de telegestión y conectividad a la web, con una inversión aproximada de 7 mil millones de pesos.

El proyecto que fue aprobado por el Consejo Municipal de Talca y siguió gestionándose con la llegada de Juan Carlos Díaz a la silla municipal, consistía en la instalación de 27 mil luminarias LED que serían telegestionados, así como un sistema Wifi en diversas zonas de Talca para el acceso gratuito de la comunidad, que escasamente logró funcionar por par de años con deficiencias.

La polémica y el incumplimiento es ahora una característica de este proyecto que recién el miércoles pasado el alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz, anunció será llevado al ámbito judicial, pues si bien fueron instaladas todas las luminarias prometidas, 70% de los focos funciona de forma manual y solo el 30% de ellas por telegestión, contradiciendo lo establecido con el contrato de licitación pública adjudicado por de la empresa Litcity Energy, a pesar de que en varias oportunidades la autoridad comunal ha extendido los plazos de instalación.

 

SE HABÍAN PEDIDO AUDITORÍAS

Cuatro años han pasado desde que se anunció y comenzó el proyecto, con una ejecución marcada en 2017 por un informe de la Contraloría Regional que destacaba un conflicto de intereses entre la empresa Litcity Energy y Cristián Henríquez, quien para la fecha se desempeñaba como jefe del Departamento Operativo y Alumbrado Público de la municipalidad de Talca e inspector técnico del contrato en estudio.

Al respecto, el concejal Hernán Astaburuaga (PS) aseguró que desde hace dos año tanto él como el también concejal Sixto González (PC), han solicitado se realizaran auditorías a este proyecto, tomando en consideración los numerosos retrasos en las obras. “La primera entrega que se hizo en 2017 se hizo con 108 días de atraso. Los trabajos tenían plazo de nueve meses y ya van por 20. En ninguna entrega se cumplió el plazo”, detalló.

Estos antecedentes no fueron suficientes para terminar el contrato para ese año. Ahora en 2020, el alcalde de Talca, aseguró que la Dirección Jurídica alcaldicia está estudiando hacer una demanda por daños y perjuicios, tomando en consideración que se han cancelado alrededor de tres mil de los siete mil millones de pesos pactados.

El concejal Astaburuaga resalta que al Consejo Municipal se informó sobre el pago de 36 de las 72 cuotas comprometidas, que en cantidad asciende a casi 4 mil millones de peso. “Al final del día no sabemos cuánto nos ha costado como municipio, solo se ha dicho lo que se le ha cancelado a la empresa pero hay costos adicionales como el bodegaje de los equipos, el personal que lo instala que pertenece al municipio. Hay costos asociados que no se están cuantificando”, recalcó.

“Tomar acciones legales es la vía correcta, pero me parece una medida a destiempo. Si lo fuésemos hecho antes habríamos evitado un gasto innecesario de recursos. La ejecución de este proyecto demuestra ineficiencia, desidia e incluso torpeza y falta de prolijidad en cuanto a la fiscalización de la empresa por parte del municipio”, insistió Astaburuaga.

En entrevista con el Diario El Centro Díaz aseguró que “va a seguir funcionando el sistema de alumbrado público como era antiguamente, con reparación manual y sin telegestión incorporada. Eso se descontará del contrato y se valoriza lo que corresponda a eso”, insistió.

 

CONCEJALES SE SUMARÁN A ACCIÓN LEGAL

El alcalde de Talca señaló más allá de las sanciones correspondientes -como suspensión de empleo de Cristián Henríquez, multas económicas y término anticipado de contrato- se evalúan acciones legales más severas. Sin embargo, el concejal Astaburuaga asegura que deben ser investigadas otras personas.

“Aquí se está sindicando solamente a un funcionario municipal, que era el encargado de alumbrado, pero aquí tiene que haber más responsabilidades porque alguien debe haber autorizado que la empresa entregara las obras fuera de plazo y no se les cobrara las multas, alguien autorizó pagar las facturas por algo que se estaba incumpliendo. Aquí hay muchas más responsabilidades que las de ese señor”, resaltó.

Aseguró que en el momento en que la municipalidad de Talca tome las acciones legales, un grupo de concejales está evaluando la posibilidad de hacerse parte, para solicitar diligencias al Ministerio Público para determinar responsabilidades no solo de la empresa, sino también dentro del municipio, “alguien les permitió que incumplieran durante cuatro años y estas personas también deben ponerse a derecho”.

 

 

 

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