La sequía es un hecho hace varios años, y no hay políticas públicas al respecto.
Según datos de la Dirección Meteorológica de Chile, el índice pluviométrico de 2013 fue de -1,2 puntos, a sólo 0.5 puntos del peor registro histórico, de 1998, lo que sitúa al año pasado como uno de los tres más secos desde 1866, lo que se une a una infraestructura de regadío que data de los años 50, cuando no existía tal escasez y había menos hectáreas que regar.

Según el académico de la Universidad de Talca y del Centro de Investigación en Agroclimatología y Riego (CITRA) de la misma casa de estudios, Patricio González, las condiciones climatológicas en el Maule han venido cambiando, desde la perspectiva termopluviométrica, desde inicios de la década de los años 90. «Uno de los rasgos más notorios es la pluviometría: en Talca, por ejemplo, entre 1990 y 2013 se han registrado 15 años deficitarios y solo ocho con superávit de lluvias. El hecho más riesgoso es el que se está produciendo en la actualidad: entre el 2005 al 2013 las precipitaciones solo estuvieron sobre lo normal los años 2005 (27.1%) y el 2006 (12%). A partir del 2007 y hasta el 2013 todos han concluido con déficit de lluvias, siendo los períodos más indicativos el 2007 (-49.9%); 2009 (-22.5%); 2010 (-33.3%); 2012 (-32.1%) y el 2013 que culminó con un 50% de déficit en la provincia de Curicó y con un 36% en las provincias de Talca, Linares y Cauquenes».

Además, dice González, se suma para empeorar el panorama, «que las temperaturas máximas mensuales han venido aumentando sostenidamente; es así como los registros de máximas diarias iguales o superiores a 30º C, superaron los 92 días durante el 2013 marcando una diferencia notable con lo que ocurría en los años 80 y 90 en que la ocurrencia de esta variable no superaba los 50 días… mientras más cálidos son los días más alta es la tasa de evaporación de agua desde las superficies como lagos y embalses».

Para el académico, esos dos aspectos demuestran que «el cambio climático en la zona central de Chile se ha venido manifestando desde inicios de los años 90, pero su influencia se ha hecho sentir en forma marcada desde la primera década del siglo XXI. Los impactos en la economía chilena se harán sentir en las áreas agrícolas y de energía. En la actualidad la generación hidroeléctrica en el país sólo representa un tercio del aporte. Los otros dos son termoeléctricas, con uso de carbón y petróleo».

Sobre la falta de políticas públicas, explica que el mundo político ha fallado en tomar las decisiones. «Primero estamos frente a una amenaza real que es el cambio climático, que para Chile central se traducirá, entre otras cosas, en una caída nivo-pluviométrica y un alza sostenida de las temperaturas máximas. Por lo cual esta amenaza se traduce en un riesgo permanente para el desarrollo de las actividades económicas regionales. Cuando esto ocurre, un país como Chile debe analizar cuál es el grado de vulnerabilidad que posee. En este caso esta variable está ligada a las decisiones que el mundo político pueda tomar en forma pronta y oportuna para reducir o mitigar la vulnerabilidad (la cual siempre se traduce en pérdidas económicas y conflictos sociales). Como en Chile no existe una política de Estado frente al cambio climático (menos a nivel regional), estamos dependiendo sólo de medidas paliativas y temporales para enfrentar, en este caso, la amenaza de la sequía (camiones aljibes, ayuda económica, asesorías temporales). Sin embargo el problema que se avecina requiere de una re-ingeniería técnica y social para logran medidas mitigadoras permanentes y anticipativas».

PROBLEMAS HASTA
EN CHILOÉ
La Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), advirtió que la falta de agua afecta a 109 mil personas. En respuesta, el Gobierno distribuyó cientos de camiones aljibe que abastecen de agua potable a 392 localidades.
Actualmente, en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Maule, Bío Bío, La Araucanía, Los Lagos y Aysén hay abastecimiento de agua potable gracias a estos camiones. La situación ha avanzado incluso hasta Chiloé, donde no hay disponibilidad de agua para uso doméstico ni para la pequeña agricultura.

A esta situación se suma el daño que está sufriendo la agricultura. Por ejemplo, la zona del Valle del Elqui ha reducido a un tercio la producción de uva. Ya son ocho años desde que los diferentes poblados han tenido que organizarse para determinar necesidades y recurrir a las autoridades.

A fines del año pasado, el Ministerio de Agricultura, informó que en las regiones de Coquimbo y Valparaíso (especialmente en Aconcagua), las más afectadas por la sequía, se están tomando medidas para mejorar la eficiencia en el uso del agua.

Además, el Presidente Sebastián Piñera anunció la prórroga del reavalúo de las propiedades agrícolas por 18 meses, y condonó las deudas impositivas en la IV región

Según un informe emitido por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en 2009, variables como el aumento de las temperaturas han sido las generadoras de la sequía que azota al país. Eso, unido al crecimiento de la población, ha provocado una disminución en la disponibilidad de agua per cápita y el aumento en la demanda de este recurso por la economía.

Sin embargo, las medidas estatales no están siendo suficientes. María Inés Figari, directora de la Sociedad Agrícola del Norte, indicó que «no se puede entrar en proyectos de riego. El Estado ha puesto bastante plata en la Comisión Nacional de Riego, donde uno puede postular, pero una postulación toma, a lo menos, seis u ocho meses, y el agua ya la perdimos. Entonces tiene que haber algo diferente”.

El Gobierno ha informado que el déficit hídrico va de la mano con la infraestructura, por lo que ha promovido la construcción de embalses. Greenpeace Chile, ha señalado que la administración no sólo depende de los organismos públicos, sino que de unos 40 actores más, por lo que hay que avanzar en una institucionalidad para enfrentar la crisis.

El Código de Aguas separa el recurso de la tierra, lo que permite su aprovechamiento y la promoción de un criterio de mercado. Es decir, una legislación que regula fines extractivos desde las napas subterráneas o desde aguas superficiales para incorporarlo al riego o uso industrial, pero no niega la concentración de los privados.

Sin embargo, Greenpeace Chile ha recalcado que el consumo humano debería garantizarse en la Constitución para que toda la legislación tenga que respetar este principio. Así como se consagra el derecho a la vida, el consumo para fines humanos debería ser una consecuencia del derecho a la vida. Además, la institución privada ha llamado a una pronta y urgente adaptación frente al calentamiento.

De momento, la presidenta electa Michelle Bachelet estudia nombrar un “delegado presidencial” para enfrentar la sequía. Dentro de las facultades que debería tener este “Delegado Presidencial”, los agricultores apuntan a que aborde el tema en forma más directa y asigne recursos en forma más oportuna.

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