Por: Fernando Leal Aravena, Abogado

Existe un antiguo dicho popular que dice que “La mujer del César debe serlo y parecerlo”, reflejando con ello la obligatoriedad para quienes ostentan cargos de autoridad, no solo de respetar la ley, sino además, guardar las formas, es decir, y dicho de otro modo, se debe actuar con transparencia y con probidad.
El ser transparente y probo es el mínimo exigible a los actos de la autoridad, que llevan por una parte a que la ciudadanía controle y fiscalice, y por otra, representa el correcto sentir de quienes están para servir y no para servirse de su cargo; se debe actuar en forma correcta, no porque los puedan pillar, sino porque debe existir la convicción profunda y arraigada de lo que es lo correcto y beneficioso para la comunidad toda.
La Ley N° 19.653, Sobre Probidad Administrativa Aplicable De los Órganos de la Administración del Estado, nos ilustra acerca de lo que debe entenderse por probidad, señalando en su artículo 54 inciso segundo que “El principio de la probidad administrativa consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular”. Por su parte, la Ley N° 20.285, Sobre Acceso a la Información Pública, señala en su artículo 3° que “La función pública se ejerce con transparencia, de modo que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y decisiones que se adopten en ejercicio de ella”, agregando en el inciso segundo del artículo 4° que “El principio de transparencia de la función pública consiste en respetar y cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la Administración, así como la de sus fundamentos..”.
Lo anterior da cuenta que la autoridad pública, entre ella, la autoridad municipal, está sujeta a normas y leyes, que no solo debe respetar estrictamente, sino además, debe guardar las formas y procedimientos, a fin de impedir el desprestigio de las instituciones, y asimismo, a fin de evitar sanciones administrativas por un mal proceder.
No es desconocido para nadie en la comuna de Talca que en la actualidad el Municipio pasa por uno de sus peores momentos en cuanto a credibilidad por parte de la ciudadanía; no hay mucho que escarbar para recordar que el alcalde Juan Castro Prieto se encuentra demandado por notable abandono de deberes, en una causa que aún no tiene sentencia ejecutoriada, y que si bien en primera instancia no lo sancionó, dio cuenta de irregularidades en la conducción del Municipio. Asimismo, el escándalo del “Caso Cohecho”, con dos Concejales detenidos y luego formalizados, da cuenta de una sensación de corrupción galopante enquistada en la comuna. Otras situaciones conocidas públicamente, como lo es la contratación por parte de cercanos al alcalde – el Administrador Municipal, Juan Carlos Díaz, y el funcionario Juan Valdebenito – con una empresa que es parte de un holding que presta servicios al Municipio, da cuenta de situaciones que a lo menos no se ven bien y dan cuenta de una evidente falta de pulcritud del contexto más inmediato que rodea al edil.
Uno quisiera creer que este tipo de situaciones son aisladas, pero sin embargo, una y otra vez nos vemos sorprendidos con situaciones graves, que involucran el funcionamiento del Municipio y que atentan contra la probidad y transparencia, en donde claramente queda de manifiesto que a estas alturas no les interesa ser ni parecer, según el dicho del inicio de esta columna. Así por ejemplo, hace pocos días en un Concejo de la comuna, se intentó aprobar una licitación adjudicándosela a una empresa (ATE), la cual en su ficha tenía como contacto y docente relator al mismo funcionario municipal encargado de los concursos en el DAEM, es decir, era juez y parte. Sorprende que una situación de esta naturaleza, atendida la gravedad de la misma, no haya sido observada por el DAEM, por Control Interno, por SECPLAN o por Asesoría Jurídica, y más sorprende e indigna que a la fecha ni siquiera se sepa de la existencia de un sumario o denuncia por esta irregularidad evidente, del porte de una catedral, que se silencia y baja el perfil.
A lo anterior se suma lo dictaminado en estos días por la Contraloría Regional del Maule, quien ante lo denunciado por el Concejal Sixto González Soto y este abogado, por las irregularidades en el pago de indemnización, concesión de permisos administrativos y vacaciones, entre otros, al ex funcionario José Lino Muñoz Retamal, mismo docente que se mantuvo durante meses en prisión preventiva y actualmente tiene la calidad de condenado por un fraude al fisco de miles de millones de pesos, ha resuelto acoger nuestra denuncia, haciendo serias observaciones al proceder del Municipio y ordenando un procedimiento disciplinario para establecer y sancionar a los responsables. ¿Alguien puede entender que a las personas encargadas del Control Interno Municipal o a los abogados municipales ni siquiera se les haya representado la posibilidad de estar incurriendo en evidentes faltas a la ley y reglamentación al permitir el pago a un funcionario que no estaba trabajando por estar privado de libertad? ¿El Municipio a otros docentes aplica la misma vara? ¿De quién es amigo José Lino Muñoz Retamal, un condenado por fraude al fisco, y qué redes tiene en la Municipalidad de Talca para que lo ayudasen y protegiesen de esa forma? No tenemos respuestas a estas interrogantes, pero sin duda dejan entrever la evidente crisis que se vive actualmente en un Municipio dirigido por un alcalde que en vez de corregir, una y otra vez es observado por Contraloría, y que peor aún, se ha permitido inclusive hacer defensas corporativas de Concejales imputados en un delito de cohecho. Juan Castro Prieto decía en su eslogan de campaña que sabía cómo hacerlo, lo que claramente no sabe o no ha entendido a la luz de los acontecimientos, es que la mujer del César debe serlo y parecerlo.

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