El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, respondió a quienes piden un indulto para los detenidos en manifestaciones desde el estallido social del 18 de octubre del 2019 y señaló que solo tres personas están en prisión preventiva de más de mil imputados por Ley de Seguridad del Estado.

En la última semana surgió desde Convergencia Social (Frente Amplio) la propuesta de indultar a quienes han cometido actos vandálicos desde el 18 de octubre ya que -argumentan- «es un mínimo democrático» que se exije al Gobierno que «violó sistemáticamente los derechos humanos» y apuntan a Carabineros y las Fuerzas Armadas como «los verdaderos criminales».

En conversación con Cooperativa, Galli detalló que desde el 18 de octubre del 2019 el Gobierno interpuso 531 querellas contra 1.774 imputados por distintos delitos y reveló que 219 de ellas fueron por Ley de Seguridad del Estado contra 1.073 imputados.

De esos 1.073 imputados, tres están en prisión preventiva, 61 con arresto domiciliario 441 están con otras medidas cautelares, 59 están condenados, dos sobreseídos y hay 489 que no han sido formalizados.

Por lo anterior, el subsecretario respondió: «cuando se pide un indulto para estas personas, particularmente aquellas personas que ni siquiera han sido condenadas, están sujetas a medidas cautelares, que son una minoría las que están privadas de libertad en virtud de una medida cautelar como la prisión preventiva. Claramente la señal es totalmente equivocada».

«Aquellas personas que cometieron graves delitos, graves hechos de violencia, incluso utilizando utilizando artefactos incendiarios, agrediendo a fuerzas policiales o destruyendo la propiedad pública o privada, van a quedar libre de sanción, creo que eso es una mala señal para el futuro», agregó.

PRESOS POLÍTICOS

En la línea de los indultos, también nació el concepto de que en Chile existen presos políticos, lo que desde el Gobierno descartaron de plano y el subsecretario del Interior señaló que quienes están en la cárcel no es por sus pensamientos o posturas políticas, sino por los hechos que cometieron.

«Hay algo que puede ser particularmente grave, que es confundir fines con medios, y en eso tenemos que ser muy tajantes: una cosa es cual haya sido el fin por el cual las personas cometieron algún delito, pero el medio el que utilizaron en nuestra sociedad son considerados delitos», apuntó.

Además, sostuvo que los presos políticos «son aquellas personas que son perseguidas por su opiniones políticas, por sus posturas políticas, este no es el caso. Aquí las personas que están siendo perseguidas penalmente lo están haciendo, en primer lugar, por organismos que son independientes del Gobierno, por el Ministerio Público y por los tribunales de justicia (…) y, en segundo lugar, lo están haciendo no por sus opiniones, están siendo perseguidos por sus hechos, y hechos gravísimos».

«No hay que confundir nunca medios con fines, no cualquier medio es válido aunque los fines sean legítimos», concluyó.

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