Fiscalía formaliza a siete imputados por alud que causó la muerte de una familia

Como autores de cuasidelito de homicidio fueron formalizados de cargo los representantes de la empresa Compañía Minera las Palmas identificados como Francisco Javier Errázuriz Ovalle, Roberto Ventura Albornoz, Eduardo Viada y Ramón Méndez Cifuentes. A ellos se les suman los funcionarios públicos del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), René Rojas San Martín, Nelson Ramírez Morandé y Cecilia Adasme Aguilera.

El terremoto del 27 de febrero del 2010 originó en la comuna de Pencahue, ubicada al poniente de Talca, un gran alud del relave minero el que destruyó todo a su pasó incluyendo la vivienda en la que se encontraban Alejandro Gálvez Caroca, su esposa María Angélica Chamorro Henríquez y las hijas de ambos, Isabel Angélica y María Alejandra de cuatro y ocho años de edad. Todos ellos fallecieron aplastados por este alud de residuos mineros mientras dormían en la casa ubicada en el predio vecino denominado Hijuela Primera del fundo Las Palmas.

La investigación que la fiscalía inició a penas conocidos los hechos y que significó un considerable número de peritajes y tomas de declaraciones por parte de la PDI, permitió establecer que los representantes de la empresa tenían pleno conocimiento acerca de la obra, cuya estructura colapsó debido a que fue construida con la acumulación de desechos mineros de manera negligente sin que se respetara el coeficiente sísmico indicado por la normativa vigente. La obra que además tenía perforaciones no autorizadas, quedó completamente abandonada omitiéndose los mantenimientos debidos.

“Se han perseguido responsabilidades tanto de los propietarios de empresas mineras como también de funcionarios públicos que no habrían hecho su tarea en el sentido de fiscalizar o supervigilar tanto la formación del relave como también la terminación de éste cuando ya dejó de producir el mineral correspondiente“, afirmó el fiscal Óscar Salgado.

La formalización da cuenta además que se habrían entregado documentos falsos por parte de la empresa a Sernageomin al momento de construir el relave. A lo que se suma que una inspección técnica practicada el 2009 en terrenos por los ingenieros del Servicio Nacional de Geología y Minería, en sus conclusiones señalan que el tranque es parte de los 14 pasivos mineros del país con riesgo para la salud de las personas y del medio ambiente y con riesgo además de colapsar sus muros. Pero a pesar de ello nada hacen para reparar esta obra cuyo colapso finalmente le costó la vida a toda una familia.

La fiscalía pidió en contra de las siete personas la medida cautelar de firma mensual ante la unidad de Carabineros más cercana a su residencia, medida a la cual se opuso el abogado defensor de los funcionarios de Sernageomin. Finalmente, el magistrado Jorge Ulloa acogió la petición del ente persecutor y fijó seis meses como plazo de la investigación.

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