Más del 78% de los extranjeros encuestados por el Centro Nacional de Estudios Migratorios (CENEM) de la Universidad de Talca, piensa que durante la pandemia es difícil defender sus derechos cuando son vulnerados. En tanto, el 60,3% de los consultados dice que no volvería a su país de origen ante la crisis sanitaria generada por el COVID-19.

Estos resultados se desprenden del estudio “Situación inmigrante durante la pandemia de COVID-19”, realizado por el mencionado centro, con la colaboración del Instituto Católico Chileno de Migración (INCAMI), para conocer la realidad económica y social de los extranjeros en Chile, y asimismo visibilizar las condiciones laborales, de bienestar y redes de apoyo con la que enfrentan la emergencia sanitaria, según explicó el director del CENEM-UTalca, Medardo Aguirre.

Además, indicó que apunta a ayudar a entregar antecedentes para la generación de políticas públicas. El trabajo recogió la opinión de más de 400 residentes en el país -latinoamericanos y caribeños- mayores de 18 años, entre los meses de junio y agosto del presente año.

“El objetivo es conocer la situación de los inmigrantes que viven en Chile bajo su propia percepción. En este caso la idea era saber cuál es el efecto social y económico de la pandemia de Coronavirus en dicha población”, dijo Aguirre.

Respecto del porcentaje de personas que optaría por no regresar a su país de origen en los próximos meses (60,3%) el investigador indicó que los resultados no son distintos a otros sondeos similares realizados con anterioridad por el centro. “Es razonable esta respuesta porque se trata de personas ya instaladas en Chile y no tendría mucho sentido volver a su país, en circunstancias en que todos están viviendo situaciones similares. Sería empezar todo de nuevo”, recalcó.

La investigación dio cuenta que al inicio de la pandemia de Coronavirus, el 76,5% de los encuestados se encontraba con trabajo, situación que cambió posteriormente. El 30,4% fue despedido, el 21,4% permanece con suspensión temporal de contrato y 18,2% ha tenido una reducción de la jornada laboral. A esto se suma que el 76,7% del total considera que el nivel de ingresos de su hogar no alcanza para cubrir gastos básicos de alimentación, medicamentos, servicios o vivienda.

Además, se da cuenta que 84,6% de los consultados no posee ahorros para costear sus necesidades en los próximos meses.

Cabe consignar que el 71,7% del total de los encuestados no se ha sentido discriminado por ser extranjero en la actual coyuntura de emergencia sanitaria y el 69,6% dice no haber recibido ninguna ayuda gubernamental.

La mirada antropológica y psicológica

La académica y antropóloga del Departamento de Salud Pública de la UTalca, Giselle Davis, planteó que “cuando se es inmigrante se está en una situación de múltiple vulnerabilidad. Primero, porque muchas veces no se tiene el estatus de residencia, inmigración o de ciudadanía o se está en una situación de transición para obtenerlo. Si se está en esta última condición, se da que, por ejemplo, puede perderse el empleo si hay un contrato de trabajo que está sujeto a obtener dichos documentos, o no puedes cambiar las condiciones en que te declaraste que estabas”.

Por otra parte, indicó, “la pandemia lleva a perder el empleo, y si eso está dentro de las condiciones para optar por la ciudadanía, la migración o el RUT, las personas harán cualquier cosa por conseguir otro”.

Y además, planteó hay un grado de vulnerabilidad al perder las redes de apoyo –formales e informales- con que una persona cuenta en su país de origen: “Tenemos acceso a todos los derechos del gobierno, y además de eso, una parte súper importante, que es como la punta del iceberg sobre la cual basamos nuestra estrategia de sobrevivencia y subsistencia, son las redes informales. Una persona que llega a un país es como un árbol y lo trasplantamos en otro lugar. Las raíces significan todas las redes de subsistencia, apoyo y contención afectiva, etcétera. Todas esas están desnudas y no es posible trasplantarlas, por lo menos  no en el tiempo corto”.

Davis sostuvo también que es importante entender que la migración es una situación límite: “son muy pocas las personas que por proyecto de vida deciden migrar”. Esto porque es difícil asumir el costo cultural, social, afectivo y político de lo que significa salir de un país.

Independiente de que es visto como elección, lo cierto planteó la académica es que “es un hecho social, una problemática” de acuerdo a las condiciones críticas, políticas o económicas de su país.

“Es evidente que no quieran retornar porque la situación de crisis por el COVID-19, no solo se mantiene sino se agrava los problemas o crisis por los que migraron”, dijo.

De acuerdo al académico de la Facultad de Psicología de la U. de Talca, José Manuel Cárdenas, es interesante analizar que la población participante del estudio es mayoritariamente joven -casi un 85% es menor de 45 años- y con un alto nivel de capacitación -60% posee estudios técnicos o superiores-, “por lo cual utiliza muy poco los servicios de salud – 70% no los ha usado durante los últimos meses- y podría significar un importante factor de dinamismo al interior de nuestra economía dado que los inmigrantes también producen, consumen e invierten”.

También planteó que la mayor parte de los encuestados vive incertidumbre respecto de su futuro debido a la falta de ingresos y de ayudas estatales – 70% no ha recibido ningún tipo de apoyo-, “lo que se hace más angustiante debido a que un 63% vive con niños, niñas y adolescentes, o con otras personas mayores que dependen de ellos. Es decir, si la mayor parte de nuestra sociedad vislumbra el futuro con cierta ansiedad debido a la incertidumbre que ha provocado el COVID, este grupo tiene frente a sí un panorama aún más desolador dado que en buena parte de los casos el proyecto migratorio está asociado a la búsqueda de un mejor horizonte laboral y es vivido como una posibilidad de mejorar las condiciones de los y las integrantes de la familia que se mantienen en el país de origen”.

El psicólogo recalcó que “uno de los mayores méritos de este estudio es que se hace en medio de una pandemia, con todas las dificultades que aquello implica. En ocasiones el sólo hecho de preguntar es una forma de acompañar y de hacer sentir a las otras y otros que nos importan. Estos estudios deben difundirse en la esperanza que sus resultados permitan que la política pública re-humanice a las personas que escondemos bajo el rótulo de inmigrantes y respetemos los derechos que les son inherentes y que el Estado tiene el deber de garantizar”.

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