Por considerar que son un peligro para la sociedad el Fiscal jefe de Talca Patricio Caroca formalizó cargos por el delito de secuestro en contra de Julio Gutiérrez Miranda, Mauricio Barrios Mondaca, Álvaro Contreras González y Claudio Muñoz García.

Según lo señalado en la audiencia pública, todo ellos la noche del viernes y en forma concertada abordaron a su víctima de iniciales AJR de 31 años en calle seis oriente entre seis y siete sur de la capital maulina, la que bajo amenazada de muerte la subieron a un vehículo y luego de cubrirle la cara la trasladaron hasta el cerro La Virgen de la ciudad desde donde llamaron por teléfono a su hermano a quien le dieron cuenta del secuestro, pidiendo la suma de $400.000 pesos en dinero efectivo para lograr su libertad.

En momentos que Carabineros ya se encontraba en el domicilio de familiares de la víctima se recibe un nuevo llamado del cual fueron testigos los propios funcionarios policiales activándose de inmediato un operativo que permitió finalmente detener primero a Álvaro Contreras González en momentos que recibía parte del dinero requerido y más tarde al resto de los integrantes de esta banda.

“El Tribunal ha compartido los argumentos de la Fiscalía y ha decretado la prisión preventiva porque ha estimado que la libertad de ellos es un peligro para la sociedad. En 48 horas la Fiscalía en conjunto con Carabineros pudo plantear al Tribunal que hubo una privación de libertad a la víctima y que esta privación de libertad que duro de tres a cuatro horas, fue a cambio de una suma de dinero, alrededor de 400 mil pesos. Debido a las diligencias de uno de los hermanos de la víctima que se contactó de inmediato con Carabineros pudo interrumpirse el objetivo de los imputados y finalmente se logra su detención”, afirmó el Fiscal Patricio Caroca.

De esta forma a pesar de la oposición de los defensores penales públicos, el Tribunal acogió la petición del ente persecutor y ordenó el ingreso a la cárcel de Talca de los cuatro imputados, de los cuales tres contaban con prontuario por diversos ilícitos.
Se fijó como plazo de la investigación tres meses

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