Economista de la UTALCA aconsejó evitar efectos colaterales vinculados a salario mínimo

Rodrigo Saens explicó que el sueldo mínimo y las oportunidades de empleo son factores que contribuyen a redistribuir el ingreso

Sentido técnico tiene la iniciativa del Gobierno de plantear un salario mínimo de 193 mil pesos, monto que a juicio del economista de la Universidad de Talca Rodrigo Saens es el apropiado para evitar efectos negativos, como el aumento de la desocupación.
La Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar sobre el reajuste del salario mínimo, en medio de un intenso debate en el que han hecho sentir su voz representantes de diversos sectores, tanto políticos como empresariales y de los trabajadores.
“En economía las medidas que se adoptan siempre tienen efectos colaterales y eso hay que considerarlo”, observó Saens, quien junto a su colega Carolina del Río, de la Facultad de Ciencias Empresariales (FACE) afirmaron que la demanda de la CUT, de un sueldo mínimo de 250 mil pesos, tiene dos aristas diferentes: beneficia a quienes ya tienen empleo y perjudica a los desempleados porque éstos seguirán en esa situación.
Observó, además, que dado que la mayor parte de los empleos proviene de las micro y pequeñas empresas, cuyas utilidades son bajas, los empresarios no podrían asumir un incremento excesivo del salario mínimo y deberán reducir la mano de obra.
Según Saens, en esta discusión incide por una parte un factor político, que se conecta con generar amplia satisfacción, y un componente técnico, según el cual los salarios no pueden subir más que la inflación, sumada la productividad, puesto que de lo contrario se genera desempleo. “Un aumento técnicamente aconsejable sería de un 7 por ciento, si se considera el 3 por ciento de inflación y el 4 por ciento de incremento de la productividad”, dijo y agregó que más allá de ese porcentaje, se corre el riesgo de entrar en un trade off”, al tensionarse la relación entre aumento salarial y disminución del empleo.
A su juicio, los más perjudicados son los más pobres, que representan la mano de obra menos calificada y, por lo tanto, tienen menos poder de negociación con el empresario. En ese sentido, afirmó que la propuesta del Gobierno “tiene sentido técnico porque un alza mayor podría ser perjudicial para las oportunidades de empleo, en particular de los más pobres”. El economista manifestó también que tras la ley del salario mínimo está el objetivo de contribuir a la redistribución del ingreso, “pero también eso se logra con más oportunidades de empleo”.

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