Luego de la ceremonia realizada en el Patio de Los Naranjos del Palacio de La Moneda, donde la Jefa de Estado, Michelle Bachelet, firmó el Proyecto de Ley que establece un Sistema de Protección Financiera para Tratamientos de Alto Costo, más conocida como “Ley Ricarte Soto”, el seremi de Gobierno, Hernán Núñez, resaltó el cumplimiento de promesas de la Presidenta, tras el envió del proyecto al Congreso.
“Es importante destacar que la Presidenta Bachelet está cumpliendo los compromisos adquiridos con la ciudadanía. Los planteamientos que le realizaron a la Presidenta con mayor fuerza, fueron las temáticas de salud y estamos empeñados en sacar adelante una agenda ambiciosa en infraestructura hospitalaria, cumpliendo así a los ciudadanos y ciudadanas con una mejor atención de calidad y con más especialistas. Ahora, la Presidenta está cumpliendo con la firma del Proyecto de Ley Ricarte Soto que tiene como objetivo ir en apoyo de las familias que tienen enfermedades catastróficas de alto costo para que ya no tengan que recurrir ni a la caridad, ni al beneficio, ni al apoyo de los amigos, sino más bien sea un derecho que el Estado pueda concurrir con la ayuda necesaria. Esto es una muestra más de que las promesas del Gobierno, se cumplen y esperamos que tenga pronta tramitación y así podamos promulgar prontamente la Ley Ricarte Soto que va a favorecer al país y a los maulinos y maulinas”, subrayó el seremi vocero, Hernán Núñez.
PROYECTO
El proyecto establece un sistema que cubrirá medicamentos, alimentos y dispositivos médicos de alto costo para el tratamiento de diferentes tipos de enfermedades, que no estén cubiertas por el sistema de seguros de salud públicos y privados.
Tendrá cobertura universal y el sistema de acceso funcionará de la misma forma que la del AUGE, los pacientes cuyo tratamiento se encuentre contemplado por esta ley, serán notificados del beneficio por su médico tratante, mientras los usuarios de Fonasa A y B estarán exentos de pago y aquellos de los grupos C y D, además de los pertenecientes a Isapres y FFAA, tendrán cobertura financiera igual a la del GES.

AUMENTO COBERTURA
Actualmente, los recursos de Fonasa para este tipo de tratamientos son de 17 mil millones de pesos con los cuales se beneficia a mil 800 pacientes, de estas personas, cerca de mil 700 corresponden a Patologías Complejas de Alto Costo y otras 100 a enfermedades poco frecuentes. Con esta nueva ley, se espera llegar a cubrir a cerca de 20 mil enfermos de aquí a 2018.
Este Fondo se conforma gracias a un importante aporte fiscal, que considerará inicialmente 50 mil millones para el año 2016; 50 mil millones adicionales en el 2017 y 100 millones en el 2018, monto que comenzará a entregarse de manera permanente a partir de ese año.
Los tratamientos serán entregados a través de una red de prestadores de salud aprobados por el Ministerio de Salud de acuerdo a su calidad técnica, considerando aspectos médicos, económicos, sociales y su seguridad. Los medicamentos, elementos de uso médico y alimentos serán adquiridos por la CENABAST.
Cada tres años se entregará un listado de nuevos tratamientos para el Fondo, pero en casos excepcionales se podrá emitir un nuevo decreto antes de dicho plazo. El Ministerio de Salud analizará todos los casos que se le informen requiriendo un tratamiento de alto costo y entregará respuesta pública al respecto. Asimismo, se considerará la opinión de una comisión ciudadana, en la que participarán los representantes de las organizaciones de pacientes.
FISCALIZACIÓN
La Superintendencia de Salud será la encargada de la fiscalización del correcto funcionamiento del sistema. A su vez, se creará un Sistema de vigilancia adicional que consiste en la conformación de una Comisión Técnica Ciudadana, integrada por expertos y representantes de la sociedad civil, en particular de las asociaciones de usuarios. Esta comisión tendrá como función monitorear, concluir y recomendar respecto del funcionamiento global del sistema, mediante la elaboración de un informe anual. Serán públicas las actas de evaluación de los tratamientos y las recomendaciones podrán ser impugnadas por la comunidad.

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