Los defensores licitados de la región del Maule expresaron su descontento y rechazo contra la violencia policial y militar que a su juicio el Estado “se encuentra ejecutando sobre las personas que pacíficamente se movilizan en las calles. La política de Estado se encuentra completamente inclinada por la criminalización de fenómenos sociales elaborando leyes penales cada vez más duras que no remedian los conflictos”.

La mañana de este viernes participaron en la marcha que llegó hasta la Plaza de Armas de Talca y aseguraron se sumaban al descontento social del pueblo chileno argumentando fallas en el sistema que dificulta el ejercicio de la defensa penal pública, como lo es la  “mínima asignación del presupuesto anual en materia de Justicia”.

Insistieron en que resulta necesario que el Estado modifique su agenda política en relación con la defensa penal pública y se comprometa a elaborar una Ley Orgánica que reconozca y garantice derechos laborales poniendo fin al sistema de licitación, ya que a diferencia de la Fiscalía, la Defensoría Penal Pública no cuenta con autonomía e independencia.

“Es el Estado quien concentrado un sistema de contratación licitada que alcanza más de la mitad de la planta regional, considerando defensores, asistentes y profesionales de apoyo, estructurándose una relación laboral de subcontratos y licitaciones carentes de derechos mínimos. Creemos que la defensa penal pública debe descansar en un sistema contractual”, destacaron al tiempo que llamaron a las autoridades a profundizar en las exigencias presentadas y dar respuestas contundentes.

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