Corte de Apelaciones de Talca falla a favor de víctimas de Cerro O’Higgins por 27F

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En un fallo que marca un hito para quienes sufrieron las consecuencias del terremoto del 27 de febrero en la ciudad de Constitución, la Corte de Apelaciones de Talca, en votación unánime, condenó al fisco a pagar una indemnización por daño moral a los 75 propietarios, en una suma ascendente a 11 millones de pesos para cada uno y, de 9 millones de pesos para cada uno de los 8 arrendatarios de los departamentos que colapsaron en el Cerro O’Higgins.

Para el abogado demandante, Fernando Leal, esta sentencia da cuenta del actuar negligente del Estado de Chile, al mantener a vecinos en viviendas con fallas en su construcción, las que a raíz del terremoto del 2010 colapsaron. El sueño de decenas de familias en Constitución se vio truncado, indicó Leal.

La constatación de fallas en la construcción ya había sido objeto de un informe de la Cámara de Diputados, anterior al 27F, y en el que se daba cuenta de graves fallas en la construcción de estos departamentos, lo que demuestra la falta de fiscalización del Estado en los estándares de calidad de las viviendas sociales que entrega, argumentó el abogado.

“Aún cuando la indemnización establecida en la sentencia no es la que esperábamos, estamos conformes y vamos a respetar el fallo de la Corte de Apelaciones. Ahora bien, si el Consejo de Defensa del Estado insiste en recurrir de casación para ante la Corte Suprema, no trepidaremos en utilizar todas las herramientas legales a nuestro alcance, no descartando internacionalizar esta causa ante la Corte Interamericana, porque de los antecedentes del caso fluye claramente que Chile debería ser condenado internacionalmente por falta de legislación adecuada y por haber desahuciado una y otra vez la Convención Americana y los fallos de la Corte Interamericana, lo que queda de manifiesto en el actuar del Consejo de Defensa del Estado, que es quien representa al fisco” enfatizó Fernando Leal.

Finalmente, el abogado demandante sostuvo que “esperamos que prime la prudencia, el criterio y la humanidad de las autoridades, a fin que las víctimas reciban sus indemnizaciones y no se dilate más lo que en justicia les corresponde”.

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