Mediante un convenio entre ambas instituciones, la Tesorería asumirá el cobro judicial de las millonarias multas impagas que mantienen algunos prestadores de Fonasa. Así, el asegurador público podrá dedicarse con más énfasis a sus funciones de fiscalización y recaudación de cotizaciones, que en el último año aumentó en casi cien mil millones de pesos.
Mil millones de pesos es la estimación de dineros no cobrados por Fonasa a los proveedores o prestadores que han sido multados por el asegurador público de salud por incumplir alguna norma.
Con el propósito de optimizar la recaudación de estos dineros, el Fondo Nacional de Salud suscribió hoy un convenio con la Tesorería General de la República, en virtud del cual ésta última será la encargada de efectuar la cobranza judicial y administrativa de las multas a beneficio fiscal impuestas por Fonasa a los prestadores privados de Libre Elección.
El Director Nacional de Fonasa, Mikel Uriarte, explicó que el dinero de las multas irá directamente a las arcas fiscales y de paso permitirá que en Fonasa se concentre en temas relevantes para su gestión, explicó Uriarte. “Como la Tesorería asumirá el cobro judicial, Fonasa podrá centrar sus esfuerzos en dos áreas claves: la fiscalización a prestadores, que sólo este año ha aumentado en un 25 por ciento, y la recaudación de cotizaciones de salud que en un año ha aumentado en un 9,7%, lo que significa una recuperación de cerca de cien mil millones de pesos”.
Cabe destacar que desde el 2003, Fonasa ha cobrado el 50% del total de las multas. De ahí la relevancia del rol que asumirá la Tesorería. “Estamos muy satisfechos de prestar nuestro servicio a Fonasa. La tesorería tiene la infraestructura, la experiencia y la capacidad en procedimientos de cobro”, recalcó Sergio Frías, Tesorero General de la República, quien precisó que las herramientas usadas para materializar esos cobros serán los mismos que aplican para cualquier deudor.
Las multas a prestadores van de 1 a 500 UF, siendo las más altas aquellas que representan mayor gravedad en la infracción. Las más comunes son cobro de bonos de especialidad, con la actuación de médicos generales; cobro de prestaciones no efectuadas o de mayor valor a la realizada efectivamente; falta de respaldos en fichas de las prestaciones médicas otorgadas; prestadores relacionados en grupo que intercambian pacientes en un circuito de atenciones que no requiere el enfermo, y otorgamiento doloso de prestaciones de medicina preventiva, con cobro de bonos de la modalidad de libre elección, siendo esta una modalidad eminentemente curativa.