Contraloría inició una auditoría contra el SII y la Tesorería por problemas con el bono clase media

La Contraloría General de la República anunció este lunes el inicio de una auditoría en el Servicio de Impuestos Internos (SII) y en la Tesorería General de la República (TGR), tras recibir una serie de denuncias por “eventuales problemas” en la entrega del bono en apoyo a la clase media.

“Iniciamos una auditoría en el Servicio de Impuestos Internos y en la Tesorería General de la República debido a eventuales problemas en la postulación y el pago del Bono Clase Media” informó el ente regulador a través de su cuenta oficial de Twitter.

“Se indaga la disponibilidad de los sistemas utilizados, incumplimientos en fechas de pago y depósito en cuentas no informadas por los beneficiarios”, detalló el organismo. En ese sentido, la auditoría se da a conocer luego de que durante la semana pasada, el SII implementara una serie de medidas, con el fin de que el beneficio “llegue a quienes corresponde”,  consigna Emol.

“Como Servicio estamos realizando todos los esfuerzos para que este aporte fiscal llegue a quienes corresponde. Así, en la medida en que hemos ido detectando nuevos casos que se encontraban impedidos de acceder al bono, nos hemos abocado a analizarlos, desplegando todas nuestras capacidades técnicas, recurriendo a información con que cuentan otras instituciones, para darles la más pronta solución, y así lo seguiremos haciendo”, sostuvo el director del SII, Fernando Barraza, en la ocasión.

En esa línea, explicó que estos contribuyentes se estaban viendo afectados por situaciones ajenas a ellos, como omisiones o errores en la información entregada por sus empleadores. Por ello, indicó, “nuestros equipos están trabajando arduamente para lograr obtener la información necesaria, todo ello en paralelo a la operación de estos beneficios”.

Cabe recordar que el beneficio contempla de “un aporte fiscal directo de un máximo de $500 mil, no reembolsable, para trabajadores y empresarios individuales que hayan tenido una disminución de sus ingresos de 30% o más como consecuencia de la emergencia sanitaria”.

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