Conoce las posturas de los parlamentarios regionales en las tres causales que debate la Ley de Aborto

Conoce las posturas de los parlamentarios regionales en las tres causales que debate la Ley de Aborto

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Durante esta mañana se debate en la Cámara de Diputados la ley que permitiría despenalizar el aborto en tres causales, peligro vital de la madre, inviabilidad fetal y violación. El proyecto será primeramente votado por los parlamentarios de la Comisión de Salud para luego ser legislado por la Cámara Baja.

Un primer paso que otorgaría libertad a la mujer respecto a decidir sobre su cuerpo, como lo exponen activistas y diversas ONGs. Una falta a dios y el respeto por la vida, según otros grupos conservadores como la Iglesia Católica, que hizo noticia el día de ayer por sus insertos en El Mercurio llamando a legislativos a oponerse a la ley.

En Chile el aborto terapéutico fue legal durante más de 50 años, hasta finales de 1989, cuando la dictadura del general Augusto Pinochet lo prohibió de forma absoluta. Este nuevo proyecto pretende cambiar esta negativa de una vez por todas.

En el contexto del debate parlamentario, diputados de la región dieron a conocer sus argumentos, los que se confrontan a continuación con el contenido del proyecto en las tres causales.

  • Peligro vital de la madre

Riesgo presente o futuro. La finalidad de esta indicación es permitir que la mujer tenga acceso a los tratamientos médicos necesarios para preservar su vida, aun cuando la realización de los mismos implique la interrupción del embarazo.

La penalización sin ningún tipo de excepción genera incertidumbre en los equipos médicos, al no existir claridad de que las acciones que se llevan a cabo para la protección de la vida de la mujer no sean sancionadas penalmente. A su vez, la actual regulación no asegura que sea la mujer quien tome la decisión en conciencia.

“Queremos decir que en el caso de una mujer con un embarazo extremadamente complejo pueda ella, con su médico, tomar la decisión de abortar para salvar su propia vida, y que esa decisión no le cueste la cárcel”, determinó Sergio Aguiló (Izquierda Ciudadana).

  • Inviabilidad fetal

Consiste en aquellos casos en que el embrión o feto padezca una alteración estructural congénita o genética que sea incompatible con la vida extrauterina, las que deberán ser debidamente diagnosticadas por un equipo médico.

Forzar a la mujer a llevar a término tal embarazo, o bien obligarla a que espere la muerte del feto, supone mantenerla en un permanente estado de duelo.

“En el tema del feto inviable yo tengo mis serias dudas. Quién va a determinar si el feto es inviable o no inviable. Qué pasa con los niños con síndrome de down, por ejemplo. En Europa, en algunos países donde se aplica hoy día el aborto, se acabaron los niños con síndrome de down, nunca más existieron, ¿por qué?, porque los consideraron inviables, entonces a mí no me parece que sea correcto”,  señaló Ignacio Urrutia (UDI).

Desde su misma bancada, Juan Antonio Coloma corroboró no aceptar este proyecto: “no creo que uno pueda ser dueño de cuánto va a vivir, cuál es el periodo que va a vivir un niño o un adulto. He visto casos que se pensaba que eran inviables y hoy día son personas que han formado familias, entonces aquí hay que pensar que hay que defender el derecho a la vida”.

  • Violación

Es decir, la mujer se encuentra embarazada por un acto realizado contra o sin su voluntad mediante violencia o coerción. No reconocer la posibilidad de que ella decida si desea o no continuar con el embarazo, constituye una nueva negación de su voluntad e imponerle una obligación estatal por un acto en esencia abrogatorio de su dignidad.

“Creo que los parlamentarios que somos católicos tenemos que personalmente cumplir con nuestra propia fe, pero no podemos obligar a los demás. Y por lo tanto, seguir castigando a una joven que ha sido violada, con cárcel, a mí me parece que es inaceptable, por lo tanto los que somos católicos evidentemente que haremos lo que nuestra fe indica, pero como legisladores tenemos la obligación de legislar para todos. Esto no significa que nosotros estemos obligando a nadie a abortar, pero lo que estamos haciendo es despenalizar el aborto en estos tres casos exclusivamente”, aseguró Jorge Tarud (PPD).

Defendiendo sus argumentos, Sergio Aguiló expresó también que “en el caso de cualquier mujer que ha sido brutalmente violentada, golpeada, y además violada, cuando decida hacer un aborto en el caso de que esa violación haya generado una gestación, más encima no sufra el dolor de la cárcel. Que no vaya a la cárcel porque ha tomado una opción por la vida, por la vida propia, una opción por la vida de su familia”.

Desde sus argumentos en contra, Juan Antonio Coloma afirma su postura, “en materia de violación, me pregunto entonces por qué no hay una pena de muerte para los niños violados. Hay mucho niño que ha nacido de la violación y yo siempre he visto que esos niños son queridos por su madre especialmente”.

ANTECEDENTES

Las cifras de interrupciones de embarazo en Chile se estiman entre 120.000 y 160.000 por año, lo que significa una de las tasas de aborto ilegal más altas de Latinoamérica. Siendo uno de los cinco países latinoamericanos donde la prohibición del aborto es absoluta. Los otros son República Dominicana, Nicaragua, Honduras y el Salvador.

El proceso puede que no sea fácil ya que el Congreso Nacional chileno ha rechazado reiteradamente proyectos de ley anteriores que permitían el aborto en determinadas circunstancias.

“No estamos haciendo que la gente aborte, ni propiciando el aborto, lo que estamos haciendo es que con estas tres causales la persona en conciencia decida y no sea la sanción penal la que le impide tomar la decisión que para ella le parece más adecuada. No puede ser que una sanción penal sea la que se entrometa en la conciencia de cada uno”, manifestó Guillermo Ceroni (PPD).

“Yo votaré a favor de la despenalización de las tres causales, porque ellas son suficientemente graves para que además sean gravadas como delito y se exponga a las mujeres y a los profesionales que intervienen a una sanción penal”, aseguró Roberto León (DC).

 

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