Por los dos delitos de cohecho el concejal Rubén Albornoz Dachelet recibió una sentencia de 300 días de prisión bajo el beneficio de pena remitida, además de la inhabilitación para ocupar cargos u oficios públicos por un plazo de 3 años y un día y el pago de 2 millones quinientos mil pesos. En tanto, su colega el concejal Luis Vielma Alfaro – único condenado que no asistió a escuchar la sentencia al no estar obligado a hacerlo – por el mismo ilícito fue condenado a 541 días de prisión bajo cumplimiento de pena remitida, inhabilitación absoluta por 3 años y un día para ocupar cargo u oficio público y al pago de una multa de 1 millón quinientos mil pesos.

Por su parte los empresarios Marcelo Gutiérrez Fuentealba y Cristián Monterrosa Martínez todos ellos involucrados en el ilícito donde se pagó un monto de 4 millones para que se lograra votar a favor una patente municipal de un polémico pub en la capital maulina, fueron condenados a 60 días de prisión de manera remitida, la inhabilitación absoluta para ocupar cargo u oficio público por el plazo de 3 años y un día y al pago cada uno de un multa de 1 millón quinientos mil pesos. En tanto, el empresario Vicente Monterrosa fue condenado a la misma pena que los anteriores y a pagar una multa de 500 mil pesos.

“Tal como se dijo en la época del veredicto se debe revisar el contenido del fallo pero los jueces tienen la facultad de graduar la pena conforme a los parámetros que el propio Código Penal ha si lo ha hecho por concurrencias atenuantes. No tenemos noticia del contenido completo del fallo así que aparece condigno, en todo caso, a primera lectura, con la concurrencia de las atenuantes que la misma magistrado manifestó que habrían sido reconocido en cada uno de los casos”, afirmó la fiscal a cargo del caso Paula Rojas, especialista en delitos funcionarios.

Para el Ministerio Público esta contundente sentencia da cuenta de que el tribunal valoró cada una de las pruebas llevadas a juicio por la fiscalía, organismo que ha dado muestra clara de perseguir todos aquellos delitos en donde se encuentren involucrados funcionarios públicos, sin importar el cargo que estos ocupen con el fin de combatir la corrupción.

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