La Cámara de Diputadas y Diputados anunció la conformación de la comisión especial que estará encargada de analizar la procedencia de la acusación constitucional contra la jueza Silvana Donoso, quien en 2016 como presidenta de la Corte de Apelaciones de Valparaíso decretó la liberrtad condicional para Hugo Bustamante, hoy formalizado por el crimen de Ámbar Cornejo.

Donoso encabezaba la Comisión de Libertad Condicional y en 2016, otorgaron la libertad condicional a 788 solicitantes, incluido Bustamante, quien cumplía una condena de 27 años por el asesinato de su pareja y del hijo de esta, sin embargo, solo alcanzó a cumplir 11 años.

Tras el sorteo comienza a regir el plazo de tres días para notificar a la acusada. A partir de ahí, la jueza tendrá un plazo de diez días para concurrir ante la comisión encargada de la acusación, ya sea en forma personal o por escrito.

«Posteriormente, la comisión especial tendrá seis días para estudiar la acusación constitucional y pronunciarse sobre ella, informe que será votado posteriormente por la Sala de la Cámara», consigna la Cámara.

Tras el sorteo, la comisión quedó conformada por Florcita Motuda, Juan Luis Castro, Gabriel Ascencio, Pablo Prieto y Marcelo Díaz, quienes deberán revisar el libelo y posteriormente presentar un informe a la Sala.

¿Qué dice el documento?

El libelo, señala que “el criterio utilizado y que justifica la resolución de la Comisión encabezada por la Ministra Donoso, es básicamente que la legislación considera la libertad condicional como un derecho y que los informes contemplados en la misma no tendrían el carácter de vinculantes, lo cual atenta contra una aplicación integral de la ley, pero además implica una desconsideración a la labor encomendada a Gendarmería en su ley orgánica”.

Además, agrega que en 2016, “la decisión de la Comisión, presidida por Donoso fue altamente cuestionada por la flexibilidad y el criterio utilizado por la misma, habiendo dejado en libertad a 788 solicitantes, correspondiente al 90% de los mismos y significando un aumento del 905% en relación al número de condenados liberados en abril del año 2015 en la región de Valparaíso”, consigna Meganoticias.

«Dio preeminencia a sus convicciones personales»

El texto establece que “queda al descubierto que la Ministra Donoso en su rol de presidenta de la Comisión, dio preeminencia a sus convicciones personales, que son del todo valorables y respetables, postergando el cumplimiento de la labor pública en vistas al bien común, sobrepasando el contenido de la reglamentación legal”.

“En definitiva el informe personal de carácter psicosocial de Bustamante, daba cuenta evidente de que no se encontraba en los supuestos legales para que se le otorgara el beneficio, aún así primó la posición personal de Donoso”, dice el libelo.

En cuanto al rol de la magistrada, indica que “se advierte en la posición de la Ministra Donoso un claro sesgo personal, orientado a una interpretación particular del sentido de las normas destinadas a informar la decisión del otorgamiento del beneficio, partiendo de la base de que incluso los actos formales de las Comisiones hablan precisamente de un beneficio y no un derecho”.

Además, se destaca que mientras ella lideró la Comisión, aumentó significativamente los reos que obtuvieron el beneficio: “Estas cifras resultan del todo importantes frente a la actuación e interpretación torcida del derecho que lleva a cabo la ministra Donoso, pues la liberación masiva no tiene comparación ni antecedentes, traduciéndose como ya se ha señalado en un acto que genera serias dudas sobre el funcionamiento de las Comisiones, pero en particular en relación a aquella que fuera presidida por la acusada”.

“La acusada, de forma libre, consciente y deliberada, incumple y transgrede sus deberes respecto del llamamiento que la ley le hace en su calidad de Ministra de un Tribunal Superior de Justicia, al exceder sus atribuciones, tomando decisiones sin consideración, al riesgo y peligrosidad de los condenados que decidió dejar en libertad”, sostiene el documento.

Además, plantea se que Donoso «ha otorgado un beneficio reglado de manera sistemática a quienes, no cumplen los requisitos necesarios para ello, violentando abiertamente la legalidad y la probidad en el cumplimiento de sus funciones”.

“Este notable abandono de deberes se produce en transgresión de normas a las cuales se deben ajustar su actuar, normas que fueron puestas por debajo de las convicciones personales de la acusada”, puntualiza el libelo.

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