La fuerte conmoción que causó en las redes sociales las imágenes de unos jóvenes maltratando cruelmente a un gato, revivió el debate respecto de las sanciones a que se exponen quienes incurren en este tipo de conductas.

En nuestro país la encargada de sancionar dicho actuar es la Ley 20.380, que modificó el Código Penal estableciendo como posible castigo el presidio menor en su grado mínimo a medio, es decir, de 61 días a 3 años, o multas de 2 a 30 UTM, esto es de $80.652 hasta $1.209.780, para los autores de este comportamiento.

No obstante, el director de la Clínica Jurídica de la Universidad de Talca, Miguel Ángel Reyes Poblete, explicó que por lo bajo de las sanciones “salvo que la persona tenga condenas por delitos anteriores, debiera poder el juez concederle beneficio de cumplimiento alternativo de la condena, es decir, no cumple condena preso (privado de libertad)”.

En el caso del felino que remeció a las redes sociales los responsables serían menores de edad, por lo que el jurista advirtió que debiera aplicarse la responsabilidad penal adolescente.

Agregó que bajo esa norma “la pena se rebaja en un grado, por ejemplo si se pidiera por el fiscal 3 años respecto de un adulto, en relación a él podrían pedir 540 días de condena como máximo”.

Añadió que la forma de cumplimiento conforme a esa Ley tiende a la reeducación. “Por ello, salvo que se trate de delitos muy graves, no están privados totalmente de libertad”, acotó.

“Además, generalmente se evita dictar sentencia y se arriba a las denominadas ‘salidas alternativas’, como suspensión condicional del procedimiento, acuerdo imputado-fiscal, o acuerdo reparatorio entre víctima e imputado”, precisó.

En este contexto, Reyes recordó que en el Parlamento se encuentra estancado un proyecto de Ley que aumentaría las sanciones y establecería nuevas categorías para clasificar el maltrato animal.

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