Alrededor de US$ 300 millones desembolsará el Estado para hacer efectivo el incremento del ingreso mínimo garantizado que contempla la agenda social anunciada por el gobierno. Con ello, este sería el subsidio estatal de mayor monto que se entrega al trabajador.
La medida establece que el monto llegará a $350.000 mensuales. El mecanismo busca complementar con un aporte del Fisco el sueldo de aquellos trabajadores con jornada completa desde los $ 301.000 hasta llegar al techo. Por ejemplo, si gana $ 310.000 el subsidio será de $ 40.000.
Esto se enmarca dentro de la serie de medidas que buscan dar respuestas al conflicto social que se ha extendido por más de una semana a lo largo de todo el país.
Cálculos del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) indican que unas 500 mil personas serán beneficiadas con este subsidio, que a diferencia de otras iniciativas será pagado directamente a los trabajadores.
Según la Subsecretaría de Evaluación Social, la manera de entregar este aporte monetario se realizará por la vía de depósito o retiro en el banco. Además, aclaran que el aporte estatal no será imponible, o sea, no será sujeto de descuentos de salud o previsión.
En la subsecretaría explican que el pago se hará efectivo una vez promulgada la ley y se contempla el envío del proyecto durante esta semana. Con ello, esta iniciativa engrosará aún más la agenda laboral del Ejecutivo.
Por el momento se desconoce si la iniciativa ingresará por el Senado o por la Cámara de Diputados. Sin embargo, tanto la comisión de Trabajo de la Cámara como la del Senado deben pronunciarse sobre un amplio listado de propuestas en análisis, tanto del Ejecutivo como de los propios parlamentarios. Por lo tanto, la única manera de darle celeridad al trámite es que ingrese con suma urgencia o discusión inmediata, consigna Diario Financiero.
Dicha congestión legislativa se hizo notar aún más luego del fuerte revuelo mediático que tomó la moción de la reducción de jornada a 40 horas que lideran las diputadas del PC Karol Cariola y Camila Vallejo, que irrumpió en la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados luego de que esta instancia despachara la reforma previsional.
Actualmente, la comisión de Trabajo de la Cámara tramita la modernización de la Dirección del Trabajo (DT), el proyecto de 40 horas y diversas mociones para aplicar la tutela laboral a los funcionarios públicos, entre otras.
En su símil en el Senado, el escenario se replica, ya que se encuentra legislando sobre el proyecto de adaptabilidad laboral -propuesta a la cual el Ejecutivo incluirá una indicación para bajar la jornada a 41 horas-, y la propuesta de teletrabajo, entre otras.
El aporte, al tener origen fiscal, también podría ingresar por la comisión de Hacienda de la Cámara Baja, la que está analizando la reforma al Servicio Nacional de Capacitación (Sence), entre otras.

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