A petición de su defensa un juez no inhabilitado del Tribunal de Garantía de Talca, donde se desempeñaba la imputada como administradora de dicho lugar, encabezó la audiencia que buscaba modificar la medida cautelar de prisión preventiva en la que se encuentra Alejandra Rojas (40) desde marzo pasado cuando la fiscalía formalizó cargos en su contra por el delito de malversación de caudales públicos.

El fiscal regional del Maule Mauricio Richards quien a encabeza de manera directa la investigación, planteó la necesidad de no modificar la prisión atendido que en este estado procesal, afirmó, no existen circunstancias modificatorias en torno a la responsabilidad de la ex funcionaria del poder judicial en la desaparición desde las arcas fiscales de a lo menos 300 millones de pesos, existiendo además diversos peritajes por realizar.

“Existen alrededor de 1.600 cheques que aún no podido ser revisados. Se debe despejar y esclarecer el monto de esos 1.600 cheques que son como 150 millones de pesos aproximadamente. Nosotros estamos trabajando en un peritaje contable con personas de la Policía de Investigaciones de Chile son peritos de Lacrim. Estamos recopilando todos los antecedentes para que ello0s pendan hacer un peritajes con mayor profanidad y también se requiere analizar la situación financiera de la señora Rojas, específicamente una cuenta corriente donde existen depósitos como su renta mensual del poder judicial pero además existen depósitos en dinero efectivo por algunos millones de pesos en algunos meses que no hemos podido determinar su origen. Se debe determinar además el origen del depósito de 17 millones de pesos en la cuenta del tribunal y que se desconoce su origen. La imputada ha sostenido que ella realizaba reintegros, pero todo eso debemos investigar y despejar”, afirmó el fiscal Richards.

De esta forma acogiendo los argumentos de la Fiscalía tribunal dispuso mantener la prisión preventiva de la imputada, pero acogió el segundo requerimiento planteado con su defensa y que dice relación con el traslado de Alejandra Rojas hasta la cárcel de mujeres de Temuco, ciudad donde se encuentra su familia y el médico tratante de una patología relacionada con un eventual trastorno de su personalidad que ya ha sido advertido por informes psicológicos y psiquiátricos que han sido evacuados por petición del Ministerio Público, pero que en ningún caso dan cuenta de ser una persona inimputable y que en definitiva está en condiciones de enfrentar responsabilidad penal por sus actos.

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