Superintendencia de Educación del Maule analizó estadísticas regionales de Expulsión Escolar

Superintendencia de Educación del Maule analizó estadísticas regionales de Expulsión Escolar

En el reporte nacional –centrado en el 2015, último año, antes de la vigencia de la Ley de Inclusión- el Maule aporta sólo con 25 denuncias de este ti

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En el reporte nacional –centrado en el 2015, último año, antes de la vigencia de la Ley de Inclusión- el Maule aporta sólo con 25 denuncias de este tipo, es decir, un 5,1% de las Expulsiones a nivel país.

 

A raíz del resultado regional expresado en el Primer Informe Nacional sobre Expulsión Escolar de la Superintendencia de Educación, el Director Regional del Maule, Marcelo Torres Tapia, analizó la situación reflejada en el 2015, dando a conocer antecedentes y acciones concretas para que este indicador disminuya en el 2016, a pesar de que las denuncias en esta materia ascienden sólo a un 5.1% de las sanciones aplicadas a nivel nacional.

La autoridad regional informó que este reporte de la Superintendencia de Educación, que fue presentado en el seminario La inclusión Me Incluye: Hacia una disciplina formativa en la escuela, realizado en el Aula Magna de la Universidad Católica de Chile en Santiago, analiza lo ocurrido el último año antes de la entrada en vigencia de la Ley de Inclusión el 1 de marzo pasado, basándose en las 490 denuncias recibidas por la institución a nivel nacional, en donde el Maule registra sólo 25 de ellas.  

Como Dirección Regional estamos muy preocupados por la aplicación de este tipo de sanciones, motivo por el cual estamos desarrollando encuentros con equipos directivos y encargados de convivencia escolar de la región, para generar conciencia de esta situación.

Asimismo, aclara que “si bien la Ley de Inclusión contempla esta medida ante situaciones graves, precisa, que este tipo de sanciones sólo pueden aplicarse cuando sus causales estén claramente descritas en el Reglamento Interno del establecimiento y atenten gravemente la convivencia escolar”.

“La normativa señala que la aplicación de esta sanción, debe estar sujeta al debido proceso, con etapas de reconsideración y ajustada a los principios de proporcionalidad y no discriminación arbitraria, donde se haga una previa comunicación a los padres de la inconveniencia de estas conductas y sus posibles sanciones, junto a una serie de acciones de apoyo pedagógico y psicosocial a los estudiantes afectados, además de informar a la Superintendencia la decisión, para que se analice de forma el proceso”, destacó Torres.

Finalmente, el Director Regional de la Supereduc, recalcó que “esta medida debe ser considerada como último recurso, por ende, se hace necesario ocupar todas las metodologías y las competencias técnicas y profesionales de cada establecimiento, para abordar situaciones complejas y así evitar escenarios donde se prive el derecho de educación a niños, niñas y adolescentes”.  

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