Senadores proponen ampliar plazo para que colegios subvencionados se conviertan en corporaciones sin fines de lucro

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Proyecto de ley presentado por Andrés Zaldívar, Pedro Araya, Ignacio Walker y Carlos Montes busca dar tranquilidad a miles de familias y mayor holgura a los sostenedores. A la fecha, sólo el 12,4% de los establecimientos ha cambiado su naturaleza jurídica.
Un proyecto de ley que busca postergar en al menos un año la obligación de los colegios particulares subvencionados de cambiar su naturaleza jurídica, en el marco de la Ley de Inclusión Escolar, fue presentado ayer en el Congreso. Los autores de la iniciativa son los senadores Andrés Zaldívar (DC), Pedro Araya (independiente), Ignacio Walker (DC) y Carlos Montes (PS), quienes proponen que, dentro de dicho plazo, se constituya una comisión abocada a revisar las situaciones que han dificultado a los sostenedores adecuarse a las exigencias relacionadas con el fin del lucro, la selección y el financiamiento compartido.
Argumentaron que lasexigencias contenidas en la normativa vigente desde junio de 2015 -entre ellas la de constituirse en personas jurídicas sin fines de lucro- hacen prácticamente imposible cumplir con el plazo establecido, que vence el 31 de diciembre de este año. De hecho, de los más de 5.850 establecimientos que debían realizar el trámite, hasta el momento sólo lo han concretado 726, es decir, apenas un 12,4%. Ello, pese a que el límite de tiempo original, que vencía el 30 de junio, ya fue extendido una vez.
El presidente del Senado, Andrés Zaldívar, recordó que el no cumplimiento de dicho plazo significa que el establecimiento educacional deja de percibir la subvención estatal. “Esto los pone frente a dos únicas opciones: transformarse en particulares pagados o, simplemente, cerrar”, explicó el parlamentario. Agregó que muchos han optado por la primera fórmula, “lo que plantea un problema a familias de clase media y media baja, que no pueden costear el nuevo arancel del colegio”.
La Ley 20.485 establece además la limitación del uso de todos los recursos del establecimiento a un listado de fines educativos definidos en el cuerpo legal, la obligación de ser dueños del inmueble y el aumento de disposiciones relacionadas con la rendición de cuentas y la entrega de información. A juicio de los autores de la moción, pese a las modificaciones que se le introdujeron hace seis meses, la ley “consagra un complejo sistema de arrendamiento de inmuebles en el período previo a aquél en que los sostenedores deben adquirirlos, así como de créditos bancarios para realizar las operaciones inmobiliarias, que es urgente simplificar a la brevedad”.
Zaldívar manifestó que la iniciativa fue planteada “pensando en darles tranquilidad a miles de estudiantes y sus familias en todo el país, que hoy se encuentran en una situación de incertidumbre y angustia económica, pues no saben si podrán continuar en el colegio que habían elegido”. Asimismo, indicó que la extensión del plazo ayudará a los sostenedores a prepararse de mejor manera para tomar su decisión y comunicarla oportunamente a la comunidad escolar.
Se espera que la comisión que se cree para estos efectos incluya a autoridades, expertos en educación y a distintos actores sociales, y que pueda concluir su trabajo antes de fin de año, de manera que la actual administración proponga los ajustes necesarios a la legislación.

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