JVRL expone retos hídricos agrícolas del Maule y BioBío

JVRL expone retos hídricos agrícolas del Maule y BioBío

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Se propone establecer Contratos de Cuenca para acordar compromisos de usuarios y autoridades

Ante la creciente variabilidad de la disponibilidad del recurso y una permanente presión sobre el uso del agua, es que el gerente técnico de la Junta de Vigilancia del Río Longaví y sus Afluentes, JVRL, Lisandro Farías, detalló los “Retos de la agricultura y la gestión multipropósito” en las regiones del Maule y del BioBío. Esto, en la cuarta versión del encuentro Chile Riega, organizado por FUCOA del Ministerio de Agricultura.
La actividad se enfocó a los regantes, promoviendo el desarrollo de las políticas públicas del Gobierno en materia del uso eficiente del agua. Ante ello, Farías explicó la situación en la que están los agricultores, siendo categórico en decir que “el 85% del uso del agua en la región, es de uso agrícola. En base a este porcentaje, queda claro que las nuevas exigencias que se piden desde la autoridad, como caudal ecológico, caducidades, entre otros, afectan directamente a la agricultura… Quien paga la cuenta de los nuevos usos del agua es la agricultura”.
Esto, en relación a las Reformas al Código de Aguas, con las cuales los regantes se han mostrado en desacuerdo. Así mismo, se propuso un nuevo diálogo, presentando el “Contrato de Cuencas”, con el que se establezcan nuevos usos, financiamiento y acciones concretas, contemplando cambios a nivel local, de acuerdo a necesidades territoriales definidas en base al dialogo.
“Esperamos ser acogidos y Longaví está disponible para iniciar un proceso en esta línea, en trabajar con el Estado y con otras instituciones, como servicios públicos, instituciones privadas, organizaciones ecologistas, entre otros grupos de interés y así todos decidamos qué vamos a hacer con la cuenca, logrando que el territorio tenga desarrollo integral, promoviendo actividades y metas concretas”, puntualizó el representante de la JVRL.

Propuesta: Contrato de Cuencas
Es un instrumento por definir en su contenido, en el que se deben especificar las partes integrantes, los objetivos, presupuestos e información relevante para lograr avanzar en el desarrollo de un territorio en forma participativa, considerando a los agricultores y otros usuarios. El derecho a la propiedad se mantendría, no alterando la situación actual, pero si teniendo compromisos ambientales y sociales.

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