Denuncia de discriminación de la resolución exenta 0699 del MINVU sobre las familias damnificadas

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El Movimiento Ciudadano “Talca con todos y todas” y la Agrupación de Comités “Por una Vivienda en mi Barrio” de Talca miembros del Movimiento Nacional por la Reconstrucción Justa, a través de esta DECLARACIÓN PÚBLICA, vienen a denunciar un nuevo hecho de discriminación por parte del Ministerio de la Vivienda (MINVU) y sus políticas subsidiarias, hacia las familias damnificadas por el terremoto del 27 de febrero de 2010, quienes –en su mayoría- se ubican tristemente entre los dos quintiles más pobres del país.

Cabe precisar que el pasado 28 de Enero de 2011 la resolución exenta n°0699 MINVU en su punto 3 letra i, modifica nuevamente las condiciones para optar a un subsidio de reconstrucción, estableciendo que: Para que las familias damnificadas no propietarias de una vivienda -es decir, los “sin tierra”, que sólo en Talca y Constitución suman más de 4.000- puedan optar a un subsidio que les permita permanecer en sus barrios (Subsidio CNT), en los cuales han habitado por décadas deben poseer una ficha de protección social aplicada antes del 03 de Marzo de 2010 y en el mismo lugar donde residían al momento del terremoto.

Esta modificación arbitraria, que supedita la obtención de un subsidio a la existencia de una ficha (teniendo como plazo final de aplicación 4 días después del terremoto) desconoce que muchas de las familias damnificadas de estos barrios NUNCA antes del 27 de febrero de 2010 debieron acudir a la municipalidad por ayuda (ya sea por no necesitarla o por no ser parte de su cultura y sus prácticas) y, por tanto, nunca solicitaron la aplicación de este instrumento. Así mismo, un dato que el propio MINVU entrega es que luego del terremoto la condición social y familiar de muchas familias cambió radicalmente, y por tanto, la ficha de protección social anterior al 27 F ya no es reflejo de la realidad.
De igual manera, esta modificación deja a las familias arrendatarias y allegadas de los barrios devastados por el terremoto a merced de la oferta inmobiliaria de las grandes empresas que tienen negocios en las zonas periféricas de las ciudades o en otras comunas donde se encuentran sus stocks de terreno (subsidio AVC). Nuevamente se expulsa a las familias de los barrios tradicionales y se promueve la segregación social y espacial, y la desaparición de barrios históricos, cuestión que el propio gobierno ha prometido evitar.

¿Qué puede justificar esta nueva exigencia del gobierno?

Si esta es otra fórmula del gobierno para evitar que “familias inescrupulosas” se aprovechen de los beneficios fiscales, entonces debemos concluir que el registro de damnificados, la ficha EFU y el catastro pull realizada por el Ministerio de Vivienda, han sido absolutamente ineficientes y constituyen un despilfarro de recursos públicos y de esfuerzo de las miles de familias que han debido realizar procesos largos y complejos para demostrar su calidad de damnificados en condiciones muy adversas.
Si esta es una manera de hacer un corte socio económico en la entrega de los subsidios de reconstrucción, estaríamos frente a la más absoluta inconsistencia e incoherencia de las políticas públicas, toda vez que, según el mismo Ministerio de Vivienda, el puntaje de la ficha de protección social NO es un elemento a considerar para la entrega de los subsidios.
Si esta medida expresa una desconfianza profunda en la labor que los municipios del país realizan con la aplicación de la ficha de protección social post terremoto –y por ello exigen la anterior- estaríamos ante un escenario en el que el ejecutivo pone en duda la institucionalidad local, cuestión que nos pone en una grave crisis institucional.

Pero corresponde además hacernos otra pregunta de fondo: ¿Por qué esta modificación –y por tanto restricción del beneficio estatal para no propietarios- sólo afecta a quienes postulan al Subsidio de Construcción en Nuevos Terrenos (CNT), que normalmente opera con empresas constructoras pequeñas y medianas, y no sobre subsidios como el de Adquisición de Viviendas Construidas (AVC) que es operado en general por grandes empresas constructoras e inmobiliarias? En otras palabras, ¿por qué quienes desean construir una vivienda en barrios históricos tienen más restricciones que aquellos que compran una vivienda ofertada por las grandes inmobiliarias en sectores periféricos?
Nos preguntamos si acaso el gobierno está privilegiando a las grandes empresas inmobiliarias y sus EGIS asociadas con esta medida, e intencionado el desalojo masivo de familias pobres de las zonas de alta plusvalía de las ciudades.

¿Esta es la nueva política habitacional del gobierno que en sus propias palabras tiende a privilegiar la libertad de elegir? ¿A quién beneficia esta decisión?
Hacemos un urgente llamado al gobierno y al Ministerio de Vivienda y Urbanismo a DEJAR SIN EFECTO en el más breve plazo el punto 3, letra i de la resolución exenta 0699 por constituir una CLARA DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS FAMILIAS DAMNIFICADAS DEL PAÍS. Al mismo tiempo llamamos a la sociedad civil y a los medios de comunicación a estar atentos a las decisiones que respecto de este punto tome el ejecutivo en los próximos días.

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