Declaración pública, 27 febrero del 2011:un año sin reconstrucción

CGE advierte riesgos e ilegalidad al instalar propaganda electoral en postes y tendido eléctrico
Director de Serviu Maule destacó el aporte del sector vivienda en la reactivación económica regional
Potenciarán el turismo de intereses en la provincia de Cauquenes

A un año del terremoto y tsunami, los damnificados que sufrimos la peor catástrofe de nuestra historia nos sentimos
abandonados por el gobierno.
En Dichato, por ejemplo, donde se encuentra el campamento más grande del país, con cerca de 500 mediaguas, no se ha levantado una sola vivienda y no han empezado siquiera las urbanizaciones de las futuras poblaciones. Las únicas obras visibles son la canalización de un estero y una cancha de tierra, que inauguró recientemente la intendenta del Bío Bío, con bombos y platillos. Los subsidios de reconstrucción no han sido asignados y la gente vive en la incertidumbre total.
En Constitución, otro de los lugares más golpeados por el sismo, la situación es parecida. Allí, el presidente inauguró
hace algunas semanas mejoras en el acceso de una playa: un mirador y unos cuantos quitasoles de madera.
¿Por qué el Presidente, en el inicio de su campaña publicitaria previa a la conmemoración del 27F, va a Constitución a
inaugurar el acceso a una playa? ¿Por qué la Intendenta del Bio-Bio inaugura una cancha de tierra? La respuesta es
sencilla: en Dichato y en Constitución, el gobierno no tiene nada más que mostrar.
Hoy, a un año del terremoto que dejó a miles en la miseria, los damnificados de todo el país nos preguntamos, ¿Qué
están esperando? ¿Están esperando que la gente se resigne y pierda la esperanza? ¿Están esperando que la gente abandone lo poco y nada que les quedó? ¿Están esperando que las familias se endeuden de por vida para recuperar la dignidad perdida? Al Gobierno y a toda la clase política les preguntamos, ¿Qué están esperando? ¿Están especulando con el dolor de los damnificados? ¿Existe algo más miserable que especular con el dolor de las personas? De Rancagua a Concepción, hay familias pasando hambre porque no tienen acceso a créditos blandos que les permitan recuperar sus pequeños negocios.
En Cerro O’Higgins, hay familias chantajeadas para que desistan de su legítimo derecho a demandar al Estado por el
derrumbe de un edificio construido por SERVIU, donde murieron 8 personas. Sólo si desisten de su demanda podrán
recuperar sus viviendas.
En Cauquenes, hay familias que sacrificaron la universidad de los hijos para poder pagar un arriendo, porque los jóvenes no han recibido ningún tipo de ayuda para seguir estudiando.
En Santiago, hay familias separadas, repartidas en casas de familiares, que viven arrinconadas, tratando de no molestar.
En Talca, miles de familias luchan por no ser expulsadas de los históricos barrios que habitan desde hace décadas porque no son propietarios o no tienen regularizados sus títulos de dominio.
En La Poza, en Constitución, vive Emilio, quien perdió a su padre, a su hijo, su casa, su bote y su motosierra; su historia
recorrió el mundo, pero de nada le ha servido, porque ni siquiera recibió ayuda para buscar a su hijo desaparecido.
En Chiguayante, Coronel y Talcahuano, hay familias vulnerables que serán expropiadas y recibirán una miseria por
viviendas sociales que pagaron durante décadas. La desesperación es tal, que en Villa Futuro ya optaron por una huelga de hambre indefinida. En Concepción, hay personas que deben pagar arriendo, dividendo, terapias físicas y psicológicas, abogados, y hasta los peritajes de sus edificios colapsados, con un sueldo de clase media que no les da a basto.
En Dichato, hay pequeños emprendedores que luego de décadas de trabajo habían conseguido construir casas y
negocios que le daban para vivir. El 27 lo perdieron todo, hoy sobreviven en empleos precarios y más encima, deben
enfrentar expropiaciones arbitrarias que les quitarán el único patrimonio que les quedó: un sitio eriazo.
En las caletas del Maule y Bio Bio, hay pescadores que no pudieron recuperar sus botes por estar en DICOM.
¿Y dónde están los alcaldes, los concejales, los gobernadores, los intendentes, los consejeros regionales, los seremis,
los senadores y los diputados de todos esos distritos? Salvo honrosas excepciones, todos brillan por su ausencia.
Chile es un país rico. Las arcas fiscales de nuestro país tienen fondos suficientes para construir viviendas dignas a los
damnificados que perdieron su hogar, sin poner en peligro los equilibrios de la economía nacional. Sólo nos detiene la
voluntad de los políticos.
Somos mucho más ricos hoy que el año 1905, cuando Germán Riesco crea el Servicio Sismológico de Chile, después del
terremoto de Valparaíso.
Somos mucho más ricos hoy que el año 39, cuando Pedro Aguirre Cerda promulga la “Ley de Reconstrucción y Auxilio y Fomento de la Producción” y crea la Corporación Nacional de Fomento, CORFO, que nace con la misión de impulsar la economía en las zonas afectadas por el terremoto de Chillán. Somos mucho más ricos hoy que el año 60, cuando Jorge Alessandri posterga su programa liberal de gobierno, le otorga prioridad a la reconstrucción de Los Ríos y la Araucanía, y emprende la epopeya del Riñihuazo, luego del peor terremoto de la historia.

Somos mucho más ricos hoy que el período 1965 – 1970, durante el cual Eduardo Frei Montalva utiliza ocho veces el 2% constitucional, para mitigar el sufrimiento de los damnificados de temporales, sequía, terremoto, plagas y cesantía.
Somos mucho más ricos hoy que el año 71, cuando Salvador Allende, levanta en cuatro meses un Plan de reconstrucción que especificaba el tipo y cantidad de viviendas a construir, la entidad a cargo de su ejecución, los plazos y la localización precisa del terreno sobre el cual se levantarían. ¿Qué ha hecho el gobierno de Sebastián Piñera para entrar en la historia de los grandes estadistas de Chile? Ha celebrado los goles de la Roja en las aldeas de emergencia, ha paseado el papelito de los 33 por el mundo; ha confirmado en su cargo a una Intendenta que utilizó el terremoto como excusa para premiar a sus fieles, aunque estos no fueran damnificados; y ha invadido de efectivos policiales una pequeña localidad costera, para silenciar a los verdaderos damnificados.
Frente a este panorama desolador, donde prima el abandono del Estado y el abuso de los privados, los damnificados
no nos hemos quedado de brazos cruzados. Al contrario. Desde el mismo 27 de febrero del 2010, nos organizamos
primero para sobrevivir dignamente en la emergencia; y luego, hemos trabajado codo a codo para recuperar las
condiciones básicas de una vida civilizada: baño, ropa, techo, luz eléctrica, agua potable, visibilidad mediática,
legitimidad política, fuentes laborales y la posibilidad de una vivienda definitiva en el mismo barrio que nos vio crecer.
Casi todo lo que se ha avanzado en reconstrucción a lo largo de este año, se ha conseguido gracias a la presión de las
comunidades organizadas. Y aún así es poco, demasiado poco.
Poco, porque las políticas públicas de reconstrucción nada tienen que ver con la realidad del terremoto. Los subsidios
habitacionales son los mismos subsidios que operan en tiempos normales, tan burocráticos que llegan a ser absurdos en tiempos de terremoto. ¿Acaso no es absurdo que una persona que se quedó en pijama en la calle, con apenas su celular en la mano, deba gastar 50 o 100 mil pesos que no tiene, para sacar decenas de certificados que demuestran que es un damnificado, y que luego quede fuera de los subsidios porque su título universitario le otorga más de 14 mil puntos en la Ficha de Protección Social? Casos así, hay decenas de miles entre Santiago y Angol, entre Valparaíso y Tirúa. Las comunidades que han conseguido excepciones para postular a los subsidios son contadas con los dedos de la mano.
El avance es lento también porque a lo largo de todo el país hay empresarios afilándose los colmillos, esperando la
oportunidad para sacar ganancias de la catástrofe. Empresarios turísticos aguardando las expropiaciones del borde
costero para comprar a bajo costo. Empresarios inmobiliarios aguardando la desesperación de los damnificados para
comprar a bajo costo. Bancos, aseguradoras y liquidadoras apostando a la indefensión de las víctimas del terremoto,
para sacar utilidades de su desgracia.
Algunos casos han salido a la luz, como el sobrepago de las mediaguas, la compra de materiales de construcción a las
tres grandes cadenas del rubro, y el puente mecano que le costó el puesto al ministro de defensa. Pero quienes pagan
por sus faltas son los menos. ¿Cómo es posible que pasen estas cosas? ¿Cómo es posible que la empresa que construyó
el mayor número de edificios nuevos que resultaron inhabitables o con daños estructurales, se adjudicara las licitaciones del MOP para demoler esos mismos edificios? ¿Por qué se premia y no se castiga a quienes hacen mal las cosas y se aprovechan de la reconstrucción?
Y hasta la fecha, los damnificados seguimos solos.
Este 27 de febrero del 2011 queremos hacer un llamado especial, a la consciencia de todos nuestros compatriotas.
A los que tuvieron la suerte de continuar con su vida normal después del terremoto. No se olviden de nosotros. No necesitamos alimentos ni ropa ni frazadas. Necesitamos médicos, psicólogos y psiquiatras que atiendan los
problemas de salud que se arrastran desde hace meses. Necesitamos abogados que nos orienten y nos defiendan de los
abusos de los especuladores. Necesitamos arquitectos, constructores civiles, ingenieros calculistas y estructurales, que nos ayuden a la levantar proyectos de reparación y reconstrucción. Necesitamos periodistas que organicen medios locales, y periodistas dispuestos a investigar y a publicar en los grandes medios, las injusticias que nos aquejan.
A los funcionarios públicos del Ministerio de Vivienda, del Serviu, de Bienes Nacionales, de los Municipios,
Intendencias y Gobernaciones: Nosotros no somos el enemigo. No vamos una y otra vez a sus oficinas porque tenemos
ganas de molestarlos. No nos estamos aprovechando de las circunstancias. Somos damnificados que vivimos en tiempos de emergencia, y actuamos con urgencia porque los problemas nos apremian. Además, somos damnificados con derechos, y para recuperar nuestros derechos, necesitamos que ustedes pongan el bien común por sobre todos los
demás intereses.
A los medios de comunicación les pedimos más respeto. No conviertan nuestro dolor en farándula, no queremos
simulacros de solidaridad, ni llamados hipócritas a la unidad nacional, no queremos ver nuestra desgracia con música
truculenta de fondo y subiendo puntos en el rating. Si van a venir a vernos y a pedir testimonios, muestren la realidad tal cuál es: un país sin reconstrucción.
Y finalmente, al Gobierno de Chile, queremos decirle: aún estamos a tiempo de enmendar el rumbo. Es de sabios
asumir los errores. Asumir que el plan de reconstrucción no puede prescindir de la participación activa de los
ciudadanos. Asumir que las obras públicas prioritarias deben ser los establecimientos educacionales y las redes de salud pública. Asumir que hay que invertir mucho más en subsidios habitacionales, y simplificar la postulación para que ningún damnificado quede en la calle.
La ministra ha dicho que de las 370 mil familias damnificadas, 150 mil familias son pudientes y no necesitan protección.
Pues queremos revisar uno por uno los RUT de esos 150 mil para que no paguen justos por pecadores. Hemos visto con nuestros propios ojos, que aquellos que tienen recursos ya reconstruyeron y hoy viven normalmente. Los chilenos no
somos masoquistas y no permanecemos en la miseria porque si. Los que están esperando un subsidio, son los que no
tienen medios suficientes para salir adelante, entre ellos, muchas familias de clase media cuyos ingresos no alcanzan
para enfrentar la catástrofe.
Se ha dicho hasta el cansancio que el terremoto es también una oportunidad. Pues bien, nosotros queremos
ser parte de esa oportunidad. Los damnificados no solo queremos recibir ayuda, también queremos aportar
con nuestras manos y nuestras ideas a la reconstrucción de pueblos y ciudades más sustentables y democráticas.
¿Dónde están los Comités Comunales de Emergencia que establece la ley 16.282 para casos de terremoto? Esta misma
ley obliga al Ministerio de Planificación a formular planes regionales de reconstrucción: queremos participar en el diseño de estos planes y también en cada uno de los planes reguladores y planes maestros de nuestras comunas, que afectan directamente nuestra vida cotidiana y definen nuestro futuro.
Algunos podrán decir que el ciudadano común no tiene el conocimiento necesario para diseñar el futuro de una ciudad.
Bueno, después del terremoto, los ciudadanos comunes nos hemos dado cuenta que muchas autoridades políticas no
tienen el conocimiento ni la capacidad de sacar a sus pueblos de la ruina; y que por lo tanto, es necesario que todos
participen en el diseño de la reconstrucción.
No queremos que esta oportunidad termine convirtiéndose en una oportunidad de buenos negocios para unos pocos.
Queremos que el terremoto del bicentenario sea una oportunidad de consolidar esa solidaridad de la que nos sentimos
tan orgullosos como chilenos. Queremos ser solidarios hasta el tuétano. No dar un poquito y luego dormir tranquilos
olvidando la miseria de los compatriotas. Sino, dar y dar y dar y dar hasta que duela.
Este es un movimiento ciudadano, diverso y transversal. No somos un movimiento político, sino un grupo de personas
cuyo único denominador común es ser un damnificado del terremoto.
Por último, hacemos un llamado a todos los damnificados del país a sumarse a nuestro movimiento. Queremos formar
una gran red que nos permita compartir experiencias y soluciones, que nos permita compartir habilidades y recursos,
una red solidaria capaz de reconstruir las bases de un futuro dónde todos tengamos la posibilidad de ser felices.

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