Concesión en hospitales encendió la polémica entre partidarios y opositores a esta política

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Absoluto rechazo a la concesión de los hospitales porque a su juicio no resuelve los déficit del sector, reiteró la presidenta del Frente Amplio de Defensa de la Salud Pública, Vivienne Bachelet, en oposición a la postura favorable manifestada por el subsecretario de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, Luis Castillo.
Ambos, junto al presidente del Colegio Médico, Pablo Rodríguez; el economista Roberto Pastén, de la Facultad de Ciencias Empresariales (FACE) y el diputado Sergio Aguiló participaron en el seminario “Concesiones hospitalarias en Chile ¿hasta dónde?”, realizado en la Escuela de Medicina de la Universidad de Talca.
En la inauguración de la jornada, el rector, Álvaro Rojas, señaló que esta casa de estudios invitó a discutir sobre el tema por su compromiso social, la inquietud existente por la reconstrucción de los hospitales destruidos por el terremoto en la región y la necesidad de contribuir a formar una opinión fundada entre los actores regionales. “No hay nadie que pudiera afirmar hoy en Chile que la población no merece de manera urgente una mejor atención, en calidad, acceso y oportunidad en la red asistencial pública”, enfatizó, relevando la importancia de este asunto.
Para Vivienne Bachelet, previo al diseño de una política pública es necesario revisar la evidencia internacional y nacional y analizar si esa política es buena o mala en términos de los intereses de las personas. “En el caso de las concesiones hospitalarias, que es un tipo de concesión social, hemos llegado a la conclusión después de bastante estudio de que es una mala política, va contra los intereses del país y de los pacientes y no resuelve el problema de déficit sanitario que tiene el país y de infraestructura sanitaria”, recalcó.

Sobre los fundamentos de su posición, precisó que el proceso de licitación es largo y engorroso e instala el afán de lucro en el corazón del sistema público, “es decir, antepone el interés comercial del concesionario versus el interés del paciente o comunidad que debe ser atendida”. Como alternativa de financiamiento planteó la emisión de bonos soberanos, pero si de ella dependiera, optaría por la reforma estructural de la sanidad.
Por su parte, el subsecretario Redes Asistenciales sostuvo que lo primero es cuantificar la necesidad de salud en infraestructura y luego satisfacer esa necesidad. “El ministerio está abierto a todo tipo de posibilidades de financiamiento de infraestructura hospitalaria, mientras sean infraestructuras buenas, donde nuestro sector sea cliente, y se provean servicios generales de construcción de buen nivel y seguridad y nosotros proporcionemos los servicios clínicos (…) Tenemos la mente abierta para revisar, discutir, conversar todo tipo de financiamiento si va en directo beneficio de las personas”, dijo y agregó que el derecho a la salud está garantizado. Asimismo, observó que ya existe externalización de servicios en algunos hospitales, lo que tampoco pone en riesgo la estabilidad laboral de los funcionarios. “Al revés, están haciendo carrera funciona y prestando muy buen servicio en una estructura hospitalaria que está siendo bien rentabilizada pero con un muy buen servicio a las personas”, afirmó, junto con pedir que se actúe sin dogmatismos.

La visión del Colegio Médico la entregó su presidente, quien aludió al acuerdo de la asamblea del gremio en cuanto a considerar las concesiones como un instrumento válido, con la participación de éste en instancias del proceso. “A los pacientes y a los médicos nos debe interesar contar con infraestructura hospitalaria para desarrollar nuestra actividad en condiciones adecuadas y con autonomía profesional”, aseveró.

Por su parte el profesor Roberto Pastén expuso sobre experiencias internacionales en concesiones hospitalarias y el diputado Sergio Aguiló, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara, hizo hincapié en que el acceso a la salud es un derecho establecido, de modo que “lo que debe ponerse en el centro del debate es si la concesión afecta o no el derecho a la salud de las personas”.

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