Caso Fachada Continua Santa Ana termina con procedimiento administrativo en contra de Constructora Independencia

Caso Fachada Continua Santa Ana termina con procedimiento administrativo en contra de Constructora Independencia

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Así lo dio a conocer el Secretario regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, Rodrigo Sepúlveda Espinoza.

El Seremi de Vivienda y Urbanismo, Rodrigo Sepúlveda Espinoza, anunció que se ha dado inicio a un procedimiento administrativo en contra de la empresa Constructora Independencia que tuvo a su cargo la construcción de 111 viviendas en la modalidad fachada continua en el sector de la Población Santa Ana de Talca, ello,  durante el proceso de reconstrucción 27 F que lideró la administración anterior.

La acción fue instruida en el marco de la Ley N° 19.880 y Decreto Supremo N° 127 de Vivienda y Urbanismo de 1977 y se origina a raíz de que estudios científicos  que dan cuenta que el proyecto fachada continua construcción en sitio residente proyecto tipo, no habría respetado las especificaciones técnicas aprobadas en su momento por la División Técnica del Ministerio,  exhibiendo graves fallas constructivas que podrían afectar seriamente la habitabilidad o la seguridad de la obra y fundamentalmente la seguridad de las familias que las habitan.

La autoridad del ramo, Rodrigo Sepúlveda Espinoza, señaló que “con todos los antecedentes técnicos en la mano y también después de varias reuniones con las familias afectadas por este tema, hemos iniciado un procedimiento administrativo en contra de la Constructora Independencia, el cual nos permitirá determinar las eventuales responsabilidades que pudiese tener la Constructora desde el punto de vista administrativo como resultado en la construcción de las viviendas de fachada continua en Santa Ana”.

Junto con ello agregó, que existe un plazo máximo de 6 meses para ejecutar este procedimiento administrativo, dentro del cual, la empresa tiene un lapso de 10 días hábiles, contados desde la notificación de la resolución que inicia el procedimiento para hacer sus alegaciones o descargos.

Sepúlveda señaló, que las sanciones que se pudiesen aplicar en este caso: son la eliminación definitiva de los registros de la empresa o la suspensión que va desde 1 a 3 años.

Asimismo el Secretario Regional, enfatizó que “lo importante es la señal que estamos dando de una rigurosa fiscalización para que las empresas desarrollen bien su trabajo con preeminencia  en la  protección y defensa de los derechos de las familias, las cuales merecen recibir una solución habitacional de calidad y digna, no habitar viviendas en mal estado, que van en desmedro su calidad de vida y que no representan el mandato de la Presidenta Bachelet. Eso no lo vamos a permitir cual sea el costo”, puntualizó.

Finalmente acotó, que  lo que ejecuta el Ministerio es un procedimiento de carácter administrativo, el cual finalizado,  no coarta a las familias que continúen sus requerimientos o peticiones ante los tribunales de justicia competentes.

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